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La Dirección de Compras y Contrataciones Públicas comunicó que, si las indagatorias continúan, es factible que se añadan más individuos o entidades relacionadas con el mismo asunto a la lista de vetados.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dio a conocer este jueves la suspensión provisional de 20 Registros de Proveedores del Estado (RPE) pertenecientes a empresas y uniones temporales ligadas a lo que parece ser una red de proveedores que habría falseado procesos de contratación con el Estado a través de manejos fraudulentos.
Conforme a la resolución núm. DGCP44-2025-004600, las razones sociales cuyos registros fueron paralizados son: Comerdon, SRL; Inversiones Qtek SRL; Condelca, SRL; Tingley Business, SRL; Mediterráneo Investments Group, SRL y Kury Limited.
Igualmente, la Importadora Coav, SRL; Empresas Integradas, SAS; Flexiplas, SRL; Inversiones Nogal Verde, SRL; Agro Avícola Benevento, SRL; Grupo Empresarial Barnichta, SRL; Inversiones Yang, SRL; Topicverse, SRL y Roment, SRL.
Asimismo, el Consorcio Empresas Integradas & Concreto Pretensado; Empresas Integradas & Constructora Yeara; Empresas Integradas & Farmasino; Empresas Integradas & Tankasa y el Consorcio Importadora Integrada (Importadora Coav).
La DGCP manifestó que, mientras las pesquisas sigan en curso, es previsible que se incorporen al listado de personas no elegibles otros actores individuales o corporativos implicados en el mismo entramado.
Aclaró que esta medida se tomó debido a la investigación administrativa llevada a cabo por la propia Dirección General de Contrataciones Públicas y el proceso penal en marcha por parte del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República contra dichas organizaciones por presuntos delitos como estafa al Estado, soborno, acuerdos colusorios, blanqueo de capitales, falsificación documental, asociación ilícita, entre otros actos que impactan directamente el erario público y los métodos de adquisición estatal.
Mediante un comunicado oficial, la DGCP enfatizó que esta disposición no equivale a una sanción, sino que es una providencia precautoria indispensable para salvaguardar el interés colectivo, la sana competencia y la rectitud del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP) mientras se desarrolla la investigación judicial pertinente.
La entidad subrayó que existe un “peligro severo e inmediato” para la integridad del sistema cuando hay indicios fundados de que una o varias empresas han participado de forma organizada en actos de colusión y otras infracciones relacionadas con las compras gubernamentales, pues esto menoscaba la libre competencia, la transparencia, el aprovechamiento idóneo de los fondos públicos y la equidad entre los oferentes.
“El mero hecho de mantener la operatividad de las compañías bajo examen implica un riesgo tangible de que los presuntos oferentes infractores puedan reincidir, entorpecer o perturbar el procedimiento, lo cual justifica la adopción de la medida cautelar”, se lee en el documento administrativo disponible en el sitio electrónico https://www.dgcp.gob.do/sobre-nosotros/marco-legal/actos-administrativos/
El organismo regulador recordó que, a fines de octubre, remitió a la Procuraduría General de la República un informe técnico desarrollado en conjunto con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, el cual detalla que dicha estructura habría manipulado procesos licitatorios con el Estado, cometiendo también supuestos actos de intimidación, extorsión y posibles nexos con funcionarios públicos, afectando directamente la competencia leal y la igualdad de participación de los aspirantes.
Según los hallazgos de la investigación, estas corporaciones exhiben patrones similares de participación simultánea, alternancia en las adjudicaciones y concentración de contratos en nichos específicos del mercado estatal.
El expediente también recopila declaraciones de proveedores afectados, quienes reportaron amenazas, chantajes y presiones para renunciar a adjudicaciones legítimas, lo que evidencia la existencia de métodos de amedrentamiento y manipulación que desvirtúan la pulcritud y la imparcialidad de los procesos.
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