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Para el 2020, la República Dominicana ya cargaba con un considerable lastre de deuda, resultado de años de manejos fiscales laxos, situaciones imprevistas y una liberalidad económica excesiva. A pesar de ello, es reprochable que el gobierno del PRM —quien ascendió al poder con promesas de “cambio”, mesura y cautela— presente un historial contradictorio, con cifras preocupantes que evidencian más pasivos e intereses, y menor capacidad fiscal. Esta deuda sigue en ascenso, impulsada por una lógica de gasto expansivo que compromete seriamente el futuro de la nación y el bienestar de las generaciones venideras.
La Dirección General de Crédito Público reportó que, al cierre trimestral del año, la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) llegó a US$60,182.9 millones, lo que representa el 46.9% del PIB. Esto marca una diferencia notoria frente al 69.2% del PIB registrado en 2020.
No obstante, dada la trascendencia del asunto, es crucial matizar las declaraciones del presidente Abinader sobre la disminución de la deuda nacional, las cuales se enfocan únicamente en el indicador deuda/PIB del SPNF. Para una valoración precisa del nivel de endeudamiento real, se debe contemplar la deuda pública consolidada, que incluye tanto el SPNF como las obligaciones del Banco Central.
Con base en estos elementos, se puede determinar la verdadera magnitud del pasivo del Estado dominicano. Hasta julio de 2025, la deuda pública consolidada se situó en US$76,763.8 millones, un 58.9% del PIB, lo que implica una diferencia de apenas once puntos porcentuales respecto al 69.2% de 2020. Cabe señalar que esta última cifra se basa en un PIB impactado por la pandemia de COVID-19; si se mantuviera el ritmo de crecimiento de 2019, ambas proporciones mostrarían un equilibrio casi idéntico.
Esta comparación no busca justificar gestiones previas, sino exponer la realidad económica de un país que, a pesar de la aparente estabilidad que promueven sus administradores, atraviesa un momento de vulnerabilidad monetaria que demanda resoluciones firmes, balanceadas y sensatas, apoyadas en estrategias bien cimentadas.
Resulta obvio que el equipo económico del PRM centra su discurso solamente en el SPNF, como una maniobra gubernamental para minimizar la verdadera dimensión del endeudamiento público. Sin embargo, es el Banco Central el que emite instrumentos de deuda, incluidos bonos soberanos y certificados financieros, que forman una parte fundamental del pasivo nacional, si bien a menudo se omiten del Presupuesto General del Estado.
Pocas semanas después de la alocución presidencial, el Gobierno regresó a los mercados financieros con dos operaciones significativas: una colocación interna de RD$360,000 millones (US$6,460 millones) en bonos soberanos, y una emisión internacional de US$1,600 millones a 10 años, con un interés del 5.875%.
Al sumar estas colocaciones al nivel de deuda recientemente divulgado, el pasivo consolidado alcanzaría cerca de US$85,824 millones, equivalentes al 66% del PIB, un ascenso de casi ocho puntos porcentuales en muy poco tiempo. Este incremento resulta desmesurado y nocivo, ya que eleva no solo el monto de la deuda sino también su costo de servicio, mermando recursos destinados a inversión en áreas críticas como educación, sanidad, seguridad y obra pública.
Es incuestionable que la productividad nacional ha visto un crecimiento notable, con un PIB proyectado de US$131,000 millones para 2025, un aumento del 47% respecto al nivel previo a la pandemia. No obstante, en lugar de aprovechar este impulso para reducir el pasivo, la administración del PRM ha expandido el gasto corriente y multiplicado iniciativas de alto impacto electoral, carentes de un plan de sustentabilidad. El resultado es un ciclo vicioso: mayor déficit, más endeudamiento y costes de interés crecientes, que absorben cerca del 26% de los ingresos estatales.
Es lamentable que se haya desaprovechado esta oportunidad de crecimiento para sanear las finanzas públicas ni fomentar una inversión robusta y duradera. El Gobierno del PRM se ha erigido como el de mayor endeudamiento de la era moderna, utilizando los préstamos principalmente para cubrir gastos operativos, mientras mantiene una inversión pública peligrosamente baja. De esta forma, el crecimiento económico que debió fortalecer al país ha generado más obligaciones financieras y escasas modificaciones estructurales, dejando a la economía expuesta a altas tasas y a shocks externos.
En este contexto, es pertinente destacar el desorden en la gestión del gasto bajo el PRM, que ha llevado el Presupuesto General del Estado a cotas sin precedentes. El presupuesto de 2025 supera los RD$1.59 billones (US$26.5 mil millones), un incremento del 60% en cinco años, canalizado primariamente a gasto corriente, subsidios y nómina pública, lo cual refleja una expansión descontrolada de la estructura estatal y una política fiscal orientada al consumo, más que al desarrollo sostenido.
Este cúmulo de factores desfavorables —endeudamiento excesivo, mala asignación del gasto, inversión pública reducida y debilidades recaudatorias— ha provocado una manifiesta inestabilidad del peso dominicano. Los pronósticos oficiales anticipan una tendencia a la devaluación, y el Banco Central prevé un deterioro hacia finales de año y en los próximos 12 a 24 meses.
A esto se suma el dictamen del FMI, que recalca la urgencia de implementar medidas macroprudenciales para resguardar la estabilidad económica, e insiste en una reforma fiscal inmediata para incrementar los recursos del Estado, previniendo así un impago financiero y superando las limitaciones crediticias que restringen al país.
Es fundamental abordar frontalmente esta problemática financiera. La permisividad monetaria y la errónea doctrina de “pedir para pagar” adoptada por los gobiernos actuales han conducido a la nación a un punto crítico, con una deuda insostenible que absorbe una cuarta parte del presupuesto, distanciándonos cada vez más de un verdadero reajuste económico basado en la disciplina, la claridad y el buen juicio.
Una nueva perspectiva para recuperar la economía
Lograr este objetivo demanda un plan ambicioso, estratégico e integral. Es vital modificar la Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual, irónicamente, permite al Gobierno aumentar el gasto hasta cuatro puntos por encima de la inflación. Esta normativa debería exigir el equilibrio fiscal y vedar al Estado gastar más de lo que ingresa, asegurando la viabilidad económica.
De igual modo, es imprescindible paralizar el endeudamiento y reestructurar la deuda soberana mediante una prórroga de seis años, destinando el 26% del presupuesto que hoy consumen los intereses a la agricultura y sectores productivos capaces de generar nuevos flujos de renta. Concluido este aplazamiento, el país podrá liquidar su deuda de forma sostenible, contando con una economía más robusta y diversificada.
Esta reestructuración también exige hacer frente al problema crónico de la corrupción, que drena recursos esenciales y mina la confianza de los acreedores. Es apremiante establecer un verdadero sistema de rendición de cuentas que castigue con severidad a los responsables y recupere los fondos desviados, para restablecer la credibilidad estatal y asegurar la transparencia financiera.
Es momento de terminar con este ciclo vicioso de dependencia y desvío, adoptando políticas económicas coherentes para reconstruir con responsabilidad y firmeza la autonomía financiera de la República Dominicana.
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