Washington — El litigio entre la administración de Donald Trump y Associated Press (AP) ha retornado a la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington D.C. para que se evalúe si el Ejecutivo obró dentro de sus atribuciones al vedar a la agencia el ingreso al Despacho Oval y otras zonas de cobertura. El asunto se originó luego de que AP optara por conservar el nombre de Golfo de México en sus reportes, a pesar de la orden presidencial que buscaba denominarlo Golfo de América, lo que provocó vetos que la agencia considera contrarios a la Constitución.
A raíz de esa determinación, la Casa Blanca limitó la presencia de los corresponsales de AP en ruedas de prensa y recintos privados, algo que la agencia calificó como un intento de influir en su línea editorial. En respuesta, AP interpuso una demanda contra tres altos cargos de la administración, alegando que tales acciones transgredían la libertad de expresión y el debido proceso legal.
Donald Trump defendió ante la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington D.C. su decisión de restringir a Associated Press (AP) el acceso al Despacho Oval y otros lugares de la Casa Blanca. Dicha Corte escuchó los argumentos del caso el pasado lunes 24 de noviembre.
El panel judicial, compuesto por tres magistrados (dos de ellos nombrados por Trump), revisa la objeción del Gobierno contra un dictamen emitido en abril por el juez Trevor McFadden, también designado por Trump, quien había ordenado restablecer de inmediato el acceso de AP al Despacho Oval y otras áreas. No obstante, en junio, el mismo Circuito suspendió provisionalmente esa orden mientras se resuelve la apelación, manteniendo así restringido el acceso de AP a puntos clave de la Casa Blanca.
Durante la vista, el letrado del Departamento de Justicia, Yaakov Roth, sustentó la posición del Ejecutivo. Argumentó que AP no posee un derecho inherente a un “acceso preferencial” a espacios no públicos bajo la Primera Enmienda. Roth sostuvo que, de la misma manera que el presidente decide libremente a quién convida a actos oficiales con congresistas en el Despacho Oval, tiene la potestad de permitir o denegar la entrada a ciertos periodistas conforme a los criterios establecidos por la Casa Blanca.
El representante legal de AP, Charles Tobin, replicó que el Ejecutivo no puede excluir a medios específicos por asuntos atinentes a su trabajo informativo. Defendió que, una vez que se autoriza el acceso constante de un grupo de prensa al Despacho Oval, restringir la entrada a determinadas organizaciones por motivaciones editoriales resulta inconstitucional.
AP enfatizó que este caso podría tener repercusiones para otros medios y para cualquier ciudadano en Estados Unidos, dado que aborda los límites del poder ejecutivo en cuanto al acceso a la información.
El tribunal deberá emitir su resolución en las semanas o meses venideros. Dicha decisión podría delimitar hasta dónde alcanza la potestad presidencial para regular el acceso mediático y si la administración puede imponer medidas basadas en el contenido de la cobertura periodística.
Entretanto, la Casa Blanca mantiene un régimen de ingreso limitado para AP y otros medios, si bien les permite participar en eventos presidenciales ocasionalmente.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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