Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
La conversación acerca de la actualización de los salarios conforme al índice inflacionario regresó a la esfera pública después de que el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, expresara que “el Ejecutivo está dispuesto” a debatir el asunto, si bien sugirió que podría incluirse en “un cuerpo legal diferente”. No obstante, enfatizó que la resolución definitiva recae en el Congreso.
Díaz además recordó que hay “numerosos otros tributos que no se están ajustando” y mencionó servicios subvencionados como la electricidad, el suministro de agua y la recolección de residuos.
Ante esta sugerencia, el economista Juan Del Rosario comentó a HOY Digital que implementarlo “favorecería a la ciudadanía pues ampliaría su capacidad de percibir ingresos”.
Señaló que modificar los montos hasta los 50,000 pesos fortalecería el poder de compra de las familias y que una porción de ese incremento volvería al Estado a través de gravámenes indirectos como el ITBIS.
Sin embargo, advirtió que para el Gobierno el tema conlleva una inquietud justificada, dado que la acción podría significar una merma en la recaudación que Hacienda estima en unos 2,000 millones de pesos cada mes.
Del Rosario opina que lo apropiado es “acatar lo que dicta la normativa y aplicar la indexación”, mientras se analizan posibles reformas fiscales que permitan compensar esa pérdida de ingresos mediante nuevos instrumentos o fuentes de captación.
La proposición de Omar Fernández
La discusión se reavivó a raíz de la propuesta del senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, quien planteó actualizar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para sueldos de hasta 52,000 pesos, conforme a lo estipulado en el artículo 327 del Código Tributario.
La legislación determina que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) debe revisar cada año la base gravable de acuerdo con la variación de precios registrada por el Banco Central, a fin de prevenir que los asalariados paguen más impuestos sin haber incrementado su capacidad adquisitiva real.
No obstante, desde 2017 dicho ajuste dejó de aplicarse a quienes superan los 35,000 pesos, lo cual ha provocado un efecto acumulado que merma el poder adquisitivo de los empleados formales, según expertos.
Agregar Comentario