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CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La determinación del gobierno mexicano de sostener la veda total a la comercialización de vapeadores, lejos de detener su uso, ha fomentado el crecimiento de un comercio clandestino que ya mueve miles de millones de pesos y que, según alertas recientes desde Estados Unidos, también abre puertas a organizaciones criminales transnacionales.
El exsecretario de Defensa estadounidense, Mark T. Esper, señaló en un texto publicado en USA Today que las estrategias domésticas en México, como la veda completa de cigarrillos electrónicos, crean circunstancias que nutren financieramente a bandas delictivas con actividad en ambos lados de la frontera.
“El veto otorgó a los cárteles una flamante ocasión de contrabando”, escribió, haciendo hincapié en que la estabilidad regional demanda resoluciones normativas coherentes y no solo el intercambio de información.
De acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México, el sector del vapeo en el país alcanza un valor estimado de 26 mil millones de pesos anualmente, a pesar de estar formalmente vetado. Esto significa que unos 6 mil 900 millones de pesos que podrían obtenerse mediante el IEPS escapan al fisco, mientras los artículos circulan sin control higiénico ni seguimiento.
El mismo informe indica que el 6% de los adultos, alrededor de cinco millones de individuos, emplea vapeadores, y cerca de la mitad de ellos tiene entre 25 y 34 años. El estudio revela, además, que siete de cada 10 consumidores consiguen sus aparatos a través de vías no oficiales, desde puntos de venta irregulares hasta redes sociales, confirmando el traslado total del mercado a circuitos ocultos.
Mientras Washington insiste en que las tácticas dispares propician incentivos para actos ilícitos, la visión pública en México también refleja una divergencia entre la norma y lo que sucede realmente. Solo un 6% de los entrevistados cree que los vapeadores no están disponibles en el país. Por el contrario, la mayoría expresa verlos en calles, negocios y plataformas digitales.
Expertos consultados opinan que México enfrenta una contradicción: al intentar limitar los riesgos para la salud, generó un medio ideal para la introducción de mercancías ilegales, la venta sin supervisión y la implicación del crimen organizado. Un tercio de los usuarios piensa que una regulación mejoraría la calidad de los productos, mientras que más de la mitad solicita información clara y accesible.
En su análisis, Esper argumenta que la colaboración binacional solo será viable si México reajusta internamente el espacio de acción de los agentes ilícitos. Los datos del mercado negro del vapeo, y la celeridad con la que crece a pesar de la prohibición, señalan un vacío legal que ya tiene consecuencias económicas, sanitarias y de seguridad.
Por el momento, la directriz federal mantiene la veda total, incluso frente a las pruebas de un mercado subterráneo en expansión. En este contexto, crecen las voces, en el ámbito académico, empresarial y gubernamental extranjero, que advierten que la ausencia de normas está cediendo un negocio de miles de millones a los mismos grupos que México y Estados Unidos dicen combatir.
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