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El estado de crisis electoral en Haití es ya oficial. Conforme a lo anticipado, la expectativa de efectuar los comicios el próximo 15 de noviembre se ha desvanecido.
El Consejo de Transición Política (CTP) y el Consejo Electoral Provisional (CEP) han admitido formalmente su imposibilidad, cancelando la posibilidad de celebrar elecciones en noviembre de 2025 y aplazando la primera ronda presidencial y legislativa hasta el 1 de febrero de 2026.
Sin embargo, este contratiempo, que el CTP considera fundamental para “asegurar una organización ordenada y transparente” tras constatar que el margen inicial de 90 días era insuficiente, encubre una realidad más preocupante: Haití avanza directo hacia el inminente vacío de poder que tanto inquieta a la ONU.
El dilema no reside en la postergación, sino en la endeblez del nuevo compromiso y la peligrosa laguna normativa que esto genera.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por medio de su Representante Especial, Carlos G. Ruiz Massieu, ya emitió advertencias, señalando que el país se encamina a un “quiebre institucional” sin precedentes.
La causa es sencilla, pero crítica, y representa el riesgo central de esta transición. Ilustrémoslo: El límite legal e inalterable para la conclusión del periodo de transición y del mandato del CPT es el 7 de febrero de 2026. Su documento de creación no contempla extensión alguna.
El cronograma electoral, por su parte, fija la investidura del nuevo jefe de Estado para el 14 de mayo de 2026.
Esto establece un lapso institucional muy delicado de más de tres meses (exactamente 96 días) sin una autoridad legítima o constitucional al mando.
Si no se establece y aprueba un mecanismo claro de gestión de emergencia para este intervalo, la preocupación de la ONU por un colapso se volverá un hecho inevitable.
El peligro de ausencia de poder no es accidental, sino que está integrado en la propia estructura de la transición y se agrava por la inestabilidad actual.
El CTP posee una “fecha de vencimiento” forzosa (7 de febrero de 2026); el no poder organizar las elecciones antes de esta fecha obliga a la separación temporal con la toma de posesión presidencial.
El primer ministro y el Gabinete, encargados de la administración diaria, perderán su base de legitimidad (el CTP) después del 7 de febrero. Su autoridad se verá fuertemente comprometida, intensificando la crisis constitucional.
La creación de un tercer ente de gobierno que debió aliviar el riesgo de ingobernabilidad todavía no se ha concretado.
El desenlace más probable conlleva un riesgo constitucional que obligará a las facciones políticas, ya fragmentadas, a negociar un nuevo pacto político de emergencia para definir quién ejercerá la autoridad entre febrero y mayo de 2026, un acuerdo que iría en contra del espíritu del pacto original.
A la falla legal se suma un profundo desgaste de la confianza originado dentro del propio CTP.
Por ejemplo, declaraciones relevantes del consejero-presidente Frinel Joseph no solo pusieron en duda la fecha inicial de noviembre, sino que sugirieron públicamente que el nuevo plazo de febrero de 2026 “podría no cumplirse”.
Esta voz interna mina de forma irreversible la fe en la capacidad del propio Consejo para cumplir su objetivo, sumándose a las críticas por su ineficacia administrativa.
A pesar de que el CTP dispone de un programa detallado (de noviembre de 2025 a mayo de 2026) y aparentemente cuenta con el respaldo financiero de 65 millones de dólares, la afirmación de un actor clave hace que el futuro de Haití dependa menos de un plan escrito y más de si los involucrados logran mantener la calma durante el peligroso compás de espera.
El rumbo político de Haití está atrapado en una dinámica nociva de aplazamiento y riesgo estructural.
La salida democrática ha sido empujada a más de seis meses, y la probabilidad real de que este nuevo plazo tampoco se cumpla se mantiene elevada.
La discrepancia entre la fecha de fin de la transición (7 de febrero de 2026) y la inauguración de funciones (14 de mayo de 2026) ha incrustado un peligro inmediato en el entramado de poder haitiano.
El estancamiento político definitivo es resultado directo de una transición diagramada sin una vía de extensión, dejando el poder en el limbo justo cuando más se necesita.
Para concluir, en lugar de caer en un pesimismo sin fruto, la fragilidad institucional inherente al proceso actual exige una evaluación profunda.
Bajo la actual atmósfera de incertidumbre en Haití, surge una interrogante fundamental: ¿Qué pasaría si la primera ronda presidencial y legislativa, programada para el 1 de febrero de 2026, también fracasa o es objeto de disputas sobre su validez?
Y de suceder, para colmo, ¿soportaría Haití el impacto de un nuevo quebranto?
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