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Ceara Hatton precisó que tal normativa no impacta a los asegurados ni ocasiona modificaciones en la asistencia sanitaria, y mucho menos en las contribuciones de los usuarios, sino que busca una reasignación más equitativa del monto económico recibido por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) dentro de la estructura.
Detalló que la medida consiste en destinar mayores sumas a aquellas ARS que atienden a una base de afiliados de edad avanzada o a mujeres en su etapa reproductiva, quienes requieren más cuidados médicos, en contraste con las ARS que agrupan a una membresía joven y masculina con menor requerimiento de atenciones sanitarias, suprimiendo así obstáculos discriminatorios en los trámites de afiliación.
“La atención médica no variará ni el afiliado deberá abonar más. Lo que se modifica es el modo en que el Estado reparte los fondos entre las ARS, según el perfil de sus cotizantes. Por ejemplo: Un individuo de 20 años apenas utiliza servicios médicos, mientras que una persona entre 50 y 64 años utiliza un 41% más del valor por persona”, expuso el superintendente durante una entrevista televisiva.
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Subrayó que, con el nuevo sistema de distribución, las partidas se adecuarán a esa realidad de forma justa, asegurando un reparto equitativo y blindando la estabilidad económica del esquema.
El superintendente alertó sobre el acelerado envejecimiento de la población del país, lo que incrementará la demanda de servicios de salud en los años venideros.
“En República Dominicana estamos envejeciendo muy deprisa. Si ahora no ajustamos el modo de repartir los recursos, el sistema se volverá inviable. Este cambio asegura que los fondos se apliquen justo donde son necesarios”, señaló.
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“Con el transcurso de los años se originó una desproporción que ha generado un coste muy elevado. Ningún esquema puede funcionar si todos los recursos se concentran en un grupo etario de 20 años”, afirmó.
Recordó que la Ley 87-01, que establece el SDSS, contempla la aplicación de un monto per cápita variable. Asimismo, las evaluaciones técnicas y actuariales que justifican la medida se elaboraron con datos actualizados hasta 2024.
“Realizamos los estudios, los cálculos y las proyecciones con toda la información disponible. Escuchamos a todas las partes interesadas y ARS en consultas públicas y reuniones de trabajo sobre este punto, el cual está estipulado en la ley y era imperativo de aplicar para proteger el balance financiero del sistema”, explicó Ceara Hatton.
El superintendente indicó que algunas ARS mantenían prácticas impropias para atraer afiliados jóvenes mediante engaños o promesas falsas. Ante este escenario, la SISALRIL ha lanzado una campaña informativa para advertir a la ciudadanía denominada “No te dejes engañar”.
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