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El Ejecutivo de EE.UU. estableció un equipo de trabajo en Texas para abatir la delincuencia transfronteriza y el tráfico de personas.
El Ejecutivo estadounidense anunció el lunes el establecimiento de una nueva “fuerza operativa” de Seguridad Nacional en el sur de Texas, luego de una intervención masiva en San Antonio donde apresaron a más de 140 indocumentados.
Esta iniciativa, que involucraría al FBI y a la rama de investigación del Departamento de Seguridad Nacional, busca “enfrentar la criminalidad transnacional”, incluyendo cárteles de drogas y pandillas, tanto dentro del territorio como “más allá de las fronteras”, según detalló el FBI en un comunicado.
“Estamos comprometidos a desarticular los cárteles y las estructuras criminales responsables de la violencia, la explotación y el trasiego de narcóticos, con la meta final de resguardar la seguridad de las comunidades a las que servimos”, expresó Alex Doran, agente especial del FBI en San Antonio, en el escrito.
En el operativo del domingo, realizado cerca de las 2 de la madrugada, las autoridades afirmaron haber retenido a unas 140 personas provenientes de Venezuela, Honduras, México y otros “países latinoamericanos”.
El FBI y el DHS indicaron en el comunicado que la acción se dirigía a interrumpir la presencia de la organización delictiva venezolana Tren de Aragua en la urbe. No obstante, hasta el momento no brindaron más pormenores sobre los arrestados, como si se les habían formulado cargos o si poseían historial delictivo.
Liliana Padilla, pastora de una congregación metodista en San Antonio enfocada en feligreses latinos, puso en duda la versión oficial, señalando que en meses recientes las autoridades han apresado a varios miembros de la población migrante sin antecedentes penales o justificación clara.
“Estos sucesos están en aumento y lo más lamentable es que es un proceso muy injusto, ya que no hay ningún indicio de un delito o una transgresión a la ley”, manifestó Padilla.
La líder, además, exteriorizó su inquietud de que la conformación de este nuevo equipo de acción sea el “preludio” a una operación federal de gran magnitud, similar a las implementadas por el Gobierno de Trump en ciudades como Chicago (Illinois), Washington D.C. o más recientemente Charlotte (Carolina del Norte).
Como parte de la promesa del mandato republicano de efectuar la mayor ronda de deportaciones en EE.UU., Trump ha movilizado a centenares de agentes federales hacia diversas localidades del país, administradas por la oposición demócrata y que poseen legislaciones para proteger a la comunidad migrante.
Colectivos como Human Rights Watch (HRW) han acusado al Gobierno de incurrir en abusos contra la población, mediante la detención indiscriminada y “sin respetar los derechos humanos” de personas migrantes o de ascendencia latina.
En Chicago, tan solo 16 de más de 600 individuos retenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la intervención masiva en la ciudad y que permanecen bajo custodia gubernamental tienen antecedentes penales, según datos revelados este fin de semana por el periódico local The Chicago Tribune.
El Gobierno de Trump, a su vez, ha sido señalado por diversas organizaciones de derechos humanos de señalar y capturar a venezolanos como integrantes del Tren de Aragua sin pruebas o historial penal.















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