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El mandatario estadounidense Donald Trump. // EFE/EPA/VINCENT THIAN / POOL
Estados Unidos ha optado por no tomar parte en la evaluación planeada referente a su historial de Derechos Humanos, el conocido como Examen Periódico Universal o EPU, que iba a tener lugar este viernes en el seno del Consejo de DDHH de la ONU, una determinación inédita por parte de Washington y que representa un nuevo capítulo en su nula relación con el organismo internacional.
Los delegados estadounidenses se ausentaron de la audiencia del viernes, confirmando así el aviso que emitieron en agosto pasado, notificado en su momento por la encargada del área de UPR en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero.La gestión de Trump ha sostenido desde inicios de año que no aceptará lecciones sobre sus obligaciones humanitarias y que su nación es, en realidad, un estandarte de las libertades cívicas y un ejemplo a seguir.
El Consejo, en su comunicado de respuesta, terminó aplazando la revisión para el próximo año, con la esperanza de que EE. UU. finalmente se sume al proceso en algún momento. A pesar de esto, “manifestó su descontento por la decisión” e instó al gobierno norteamericano a retomar su colaboración, en línea con las directrices pertinentes.
Diferentes organizaciones como Amnistía Internacional han reprobado esta postura, que está a punto de sentar “un precedente lamentable”, según las palabras de su directora de vínculos internacionales en EE. UU., Amanda Klasing.
“El Ejecutivo de Trump ha intensificado su desdén por la rendición de cuentas global y los Derechos Humanos, tanto a nivel interno como externo. Al negarse a participar en este proceso, se ha alineado con naciones como Nicaragua en el debilitamiento de esta herramienta, situando a Estados Unidos a la cabeza de la carrera hacia el declive mundial en materia de Derechos Humanos”, expresó con pesar.
Amnistía aprovecha para denunciar el rumbo autoritario que exhibe la segunda presidencia de Trump, a la que acusa de sofocar a la disidencia, penalizar las manifestaciones, cometer ejecuciones extrajudiciales en sus ataques a supuestas lanchas de narcotraficantes en el área latinoamericana y caribeña, y de desmantelar su propia estructura de DDHH al cortar la financiación a las entidades nacionales responsables de su amparo.
“La exclusión del Examen Periódico Universal (EPU) encaja en un esquema más amplio de elusión, secretismo y renuncia a responsabilidades”, concluyó Klasing.
“Desde la discriminación y la violencia ejercida en las redadas migratorias, pasando por las embestidas a la libre expresión de ciudadanos y prensa, hasta el despliegue de la Guardia Nacional en urbes estadounidenses sin que exista una emergencia, el mundo es testigo de cómo el Gobierno de Estados Unidos vulnera los derechos constitucionales y humanos de su propia gente”.
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