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El pliego judicial revela que se trata de una estructura criminal con alcances internacionales, compuesta por ciudadanos de Colombia, Venezuela y República Dominicana, con nexos también en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.
El Ministerio Público, mediante la Dirección General de Persecución, formalizó la acusación contra Isidoro Rotestán Clase, apodado “El Men”, y otras doce nuevas personas que formaban parte de la red de tráfico de drogas internacional desmantelada en 2024.
La presentación se efectuó ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional por el procurador adjunto Wilson Camacho, jefe de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, acompañado por el procurador de corte Héctor García Acevedo y los fiscales Miguel Collado, Enmanuel Ramírez y Jonathan Pérez Fulcar.
En la etapa inicial del proceso se acusó a diez individuos, de los cuales nueve aceptaron los cargos y fueron sentenciados a través de un procedimiento penal abreviado.
Además de Rotestán Clase, el expediente imputa a Joelvis Idelfonso Montero Pérez, Francisco Morrobel Pérez, Cristino Rotestán Clase, Braulio Rotestán Clase, Johnny Casimiro Tejada, Geyser Climerson Castillo Mordan, Luigui Aneudy Ureña Reid, Glorisel De La Cruz Paulin, Yamilka Paulino, Leda Margarita Clase, Jomaiky Ureña Rotestán y Estafany De La Cruz Paulino.
El ente acusador también presentó cargos contra las entidades jurídicas Mariscos del Caribe Clase S.R.L., Mojos S.R.L. y Elegant Records Productions E.I.R.L.
El documento legal indica que se trata de una banda delictiva de carácter transnacional, integrada por ciudadanos colombianos, venezolanos y dominicanos, con lazos igualmente en Puerto Rico, Estados Unidos y el continente europeo.
Esta organización poseía la facultad de operar simultáneamente en distintas jurisdicciones, empleando vías acuáticas y aéreas para mover grandes cantidades de cocaína, consolidándose como un componente vital del narcotráfico mundial.
En suelo dominicano, la banda funcionaba bajo un liderazgo doble, encabezado por Rafael Ynoa Santana, ya sentenciado, e Isidoro Rotestán Clase.
Ynoa Santana se encargaba de la dirección operativa, supervisando las naves, personal a bordo, depósitos y la distribución de la sustancia; mientras que el segundo fungía como responsable financiero y administrador del esquema de blanqueo de activos, con poder decisorio sobre cargamentos, sobornos y adquisición de bienes.
Ambos actuaban en pie de igualdad, representando el principal brazo local de los líderes colombianos.
Las autoridades señalaron que las investigaciones demuestran que el grupo gozaba de considerable capacidad financiera y logística, moviendo cerca de seis toneladas métricas de cocaína anualmente. De doce operativos de narcotráfico documentados, seis fueron frustrados, incautándose 1,824 kilogramos de cocaína.
La red disponía de medios para fletar buques pesqueros y lanchas rápidas tipo Go Fast, así como equipos de comunicación satelital y sistemas encriptados, lo que refleja un alto nivel de complejidad en sus maniobras.
Antes de formular la acusación, el Ministerio Público efectuó decomisos significativos vinculados a Isidoro Rotestán Clase y sus prestanombres, como parte de la conclusión de las pesquisas contra la red internacional de narcotráfico abordada mediante la Operación Búfalo NK.
Los equipos de investigación confiscaron a Rotestán Clase seis autobuses, avaluados en unos 24 millones 450 mil pesos; cuatro embarcaciones y siete propiedades estimadas en unos 60 millones de pesos.
Con anterioridad, le habían sido decomisadas otras posesiones, como: una hacienda en Puerto Plata, vehículos de alta gama, efectivo, un negocio de bebidas y lavado de autos, un apartamento tipo penthouse en Bella Vista y otra unidad habitacional en un sector diferente del Distrito Nacional.
Respecto al caso
La Operación Búfalo NK fue ejecutada en septiembre de 2024 por el Ministerio Público, en colaboración con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio de Defensa, organismos de inteligencia, la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos.
Dicha estructura delictiva tramitaba entre Colombia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Europa, utilizando naves para transportar estupefacientes a gran escala con el fin de obtener cuantiosas ganancias ilícitas.
Un total de 17 procuradores estuvieron al frente de la intervención, llevada a cabo en Puerto Plata, Nagua, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, La Romana y el Distrito Nacional.
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