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Bogotá (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó este sábado su pesar por el deceso de al menos siete niños y adolescentes en un bombardeo dirigido contra disidentes de las FARC en el departamento del Guaviare (centro-sur), si bien aceptó la autoría de dicho ataque, que resultó en la muerte de 20 insurgentes del grupo comandado por Néstor Vera, alias Iván Mordisco.
“Por supuesto, toda pérdida humana es regrettable, y más aún la de infantes. Pero si se permite que los 150 sujetos de Iván Mordisco avanzaran por la jungla, la consecuencia es que ellos tenderían una emboscada a 20 jóvenes soldados que estaban en primera línea a pocos kilómetros”, señaló el mandatario en su cuenta de X, respondiendo a las críticas sobre el fallecimiento de los menores durante el bombardeo.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, informó hoy en un comunicado que un mínimo de seis de los fallecidos en ese ataque aéreo eran menores de edad, cifra que el Instituto de Medicina Legal (IML) incrementó a siete, a la vez que confirmó la recepción de 20 cuerpos, uno más que el reportado inicialmente.
“Todo esto es desolador; es la contienda en su manifestación más penosa e inhumana, impactando a los más indefensos: a los jóvenes reclutados por ausencia de amparo y que hoy son blanco bélico”, afirmó la defensora, Iris Marín, en un comunicado.
Marín rememoró que, conforme al Derecho Internacional Humanitario (DIH), “ningún niño, niña o adolescente enrolado debería sufrir las consecuencias de acciones militares” y que las Fuerzas Armadas “figuran obligadas a tomar todas las medidas de cautela posibles para resguardarlos”, procurando siempre evitar el uso desmedido de la fuerza.
La defensora enfatizó también que “la responsabilidad primordial por la muerte de los menores en los bombardeos recae en las organizaciones armadas que los captan”, en este caso el Estado Mayor Central (EMC), la facción más numerosa de antiguos miembros de las FARC.
La funcionaria recordó que incorporar a menores a filas constituye un crimen de guerra y advirtió que “emplear la presencia de niños, niñas y adolescentes como pretexto para impugnar operaciones militares evidencia que las estructuras armadas ilegales los utilizan como barreras humanas”.
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