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Expertos indican que entre el 36% y 43.2% de la población que vive en la miseria muestra que los ingresos del empleo no solamente son injustos en cuanto al reparto de la riqueza generada, sino que además son insuficientes paracostear la cesta familiar de consumo.
Frente a los intentos del sector privado por suprimir la figura del despido del código laboral dominicano, círculos académicos debaten y defienden la conveniencia de conservarla, alertando sobre la desprotección que esto significaría para los trabajadores y trabajadoras.
Un informe expuesto por Francisco Tavárez y Matías Bosch Carcuro acerca de “Remuneraciones y Pobreza Laboral en República Dominicana”, sostiene que la anulación de la cesantía sería un retroceso injustificable y contraproducente.
“La cesantía no constituye un egreso meramente empresarial: es un instrumento legal mínimo de amparo que disminuye la inestabilidad inmediata de los empleados y empleadas ante el cese de sus labores, y atenúa las repercusiones sociales y familiares de tal suceso (indigencia, abandono escolar, trabajo infantil, mayor informalidad)”, señalan los analistas.
Añaden que suprimir o debilitar dicho mecanismo, que resulta cada vez menos sólido debido a la precarización del empleo y los sueldos, trasladaría aún más los costes y riesgos al trabajador y al colectivo social, acrecentando su vulnerabilidad.
En sus conclusiones, los investigadores afirman que el debate debería centrarse en la formalización del trabajo, particularmente en las áreas cruciales de la economía como la administración pública, la industria, la construcción, el turismo, el comercio y el sector agropecuario.
Asimismo, asegurar instrumentos para remuneraciones justas y adecuadas y una participación equitativa en las ganancias de las empresas.
Proponen mantener la ayuda por cesantía y no solo como “derecho adquirido” para los asalariados actuales sino también futuros, además de idear apoyos y programas para las PyMEs, que representan cerca del 95% del entramado empleador del país.
En la investigación llevada a cabo en noviembre de este año, Tavárez y Bosch Carcuro exponen el contexto de la Modificación al Estatuto de los Trabajadores, resaltando la situación que enfrenta la clase obrera.
Refieren que el aumento acumulado del sueldo real promedio entre 2016 y 2024 fue de apenas un 10.4%, RD$2,567, en casi una década, y de solo RD$433 entre 2019 y 2024, lo cual evidencia la persistencia de una política que favorece los salarios bajos como factor para la acumulación de beneficios, la viabilidad empresarial y el progreso económico.
No obstante, señalan que entre 2016 y 2024, la productividad laboral medida por el PIB (producto interno bruto) y por horas trabajadas, ha crecido un 48.5%, lo cual contrasta con el alza de solo 11.2% en los haberes laborales reales, lo que pone de manifiesto una distribución de la riqueza generada de casi 4 a 1 entre el capital y el trabajo.
Al cotejar los ingresos provenientes del empleo con el valor de la canasta básica, los académicos argumentan que el ingreso medio de RD$28,217 apenas alcanza a cubrir el 61% del costo de la canasta nacional, fijado en RD$45,447.8, y que, si se toma en cuenta la cesta del primer quintil, es decir, del 20% de los hogares con menor poder adquisitivo, equivalente a RD$27,179, y la línea de pobreza o canasta básica, de RD$22,748, el sueldo laboral promedio mencionado apenas logra equipararse a estos últimos.
El análisis indica que entre 2016 y 2024, la precariedad laboral mostró un aumento notable en la parte de la población no pobre.
“En 2016, un 48.9% de las personas con empleo se hallaba en situación de pobreza laboral, cifra que descendió a 36.0% en 2024, lo que implica una disminución de casi 13 puntos porcentuales, si se considera el global de ingresos del trabajo”, puntualiza el estudio.
Al examinar la perspectiva de género, los investigadores anotan que en 2016, el 47% de los varones y el 50.8% de las féminas estaban en condición de pobreza laboral y que para 2024, estas cifras disminuyeron pero continuaron siendo elevadas: 33.1% y 39.0%.
Al revisar la propuesta de modificación laboral que actualmente se debate en el Parlamento y en la cual los gremios empresariales desean eliminar la cesantía, Tavárez y Bosch Carcuro indican que la propuesta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) no especifica cómo armonizar el enfoque de protección al jornal y la compensación por la pérdida del puesto de trabajo, con la visión que habla de “carga patronal”, más aún en un entorno de alta inestabilidad e insuficiencia económica en el empleo.
Subrayan que la reforma al estatuto laboral, para cumplir con lo estipulado en la Carta Magna del país, debe enfocarse en lo siguiente:
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