Involucrados en el asunto Camaleón se hicieron con artículos suntuosos y aumentaron sus depósitos bancarios

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Según la acusación presentada por el Ministerio Público, los principales implicados son el exdirector del Intrant, Hugo Beras, y José Ángel Gómez, dueño de la compañía Aurix.Las personas involucradas en la red de corrupción del caso Camaleón, que operó dentro del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), se hicieron con diversas propiedades de lujo y desviaron millones de pesos de los fondos públicos sustraídos de la institución para su beneficio personal.Conforme al pliego de cargos del Ministerio Público, los acusados principales son el exdirector del Intrant, Hugo Beras, y José Ángel Gómez, propietario de la empresa Aurix, además de otras figuras y entidades utilizadas para materializar las anomalías.El ente acusador pide el decomiso de los bienes adquiridos por los imputados con los recursos malversados a través de los actos de corrupción cometidos en el Intrant.Invitamos a leer: El Ministerio Público dispone de más de 400 pruebas contra los implicados en el caso Camaleón.También figuran en la acusación Pedro Vinicio Padovani Báez, exjefe del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, antiguo coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas.A la lista de personas acusadas se añaden Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.Las corporaciones implicadas en el asunto son Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.El requerimiento fiscal señala que la mercantil Inprosol carecía de actividad económica real, estructura operativa y personal empleado. Pese a esto, declaró montos mínimos en impuestos, sin que esto guardara relación con los elevados volúmenes financieros que manejaba.La compañía reportó adquisiciones por RD$7,882,304.98 y ventas por RD$5,834,000.00, siendo el 49.24 % de estas últimas realizadas a firmas conectadas con el esquema delictivo, específicamente Transcore Latam S.R.L.El documento del Ministerio Público establece que Inprosol dependía directamente de Transcore, sin mostrar clientes adicionales ni actividad comercial independiente, conformando una relación societaria instrumental dirigida al desvío y lavado de fondos públicos.De igual modo, una auditoría financiera realizada a una cuenta abierta el 8 de septiembre de 2022 reveló que la empresa movilizó RD$28,268,425.96 en ingresos y RD$28,169,246.99 en egresos, exhibiendo un patrón circular y sin incremento patrimonial, característico de las operaciones de lavado de activos.El 99.57 % de los ingresos procedía directamente de Transcore Latam S.R.L., mientras que el 0.43 % restante correspondió a transferencias menores desde Sociedad Latina S.R.L. y de los acusados Carlos José Peguero Vargas y Julio César Rodríguez Domínguez, ambos ligados a José Ángel Gómez (Jochi Gómez).En el expediente, el Ministerio Público indica que, a través de mensajes de WhatsApp enviados al órgano investigador, Carlos José Peguero Vargas, presunto socio mayoritario de Inprosol, admitió que el verdadero dueño y quien tomaba las decisiones en la empresa era José Ángel Gómez Canaán, quien impartía directrices sobre pagos, transferencias y manejo contable.Asimismo, el propio Jochi Gómez compareció ante el Ministerio Público manifestándose como dueño de facto de Inprosol, ratificando su nexo funcional y financiero con la entidad.Las pruebas demuestran que Inprosol S.R.L. fue constituida con el fin de actuar como enlace entre Transcore y otras firmas del entramado, fingiendo transacciones de servicios tecnológicos para justificar el movimiento de fondos ilícitos. Este mecanismo facilitó ocultar el origen y destino de los caudales obtenidos mediante fraude en contrataciones públicas en el caso Camaleón.Este artículo fue publicado originalmente en El Día.