La causa judicial contra los dirigentes de la Iglesia de la Luz del Mundo en Nueva York se intensifica. Al proceso dirigido contra su líder, Naason Joaquín García, se sumó el procesamiento de su progenitora, Eva García de Joaquín, y de un asociado en Chicago, Joram Nunez Joaquín, ambos acusados de crimen organizado y tráfico de personas.
Asimismo, en un escrito enviado al Tribunal el pasado 20 de noviembre, los procuradores federales estadounidenses informaron poseer evidencias, incluyendo declaraciones tributarias de varios de los imputados y de la organización religiosa, que corroborarían el empleo de recursos en actividades de trata y otras irregularidades financieras.
Todo esto surge a raíz de la investigación oficial presentada el 14 de agosto por el Departamento de Justicia ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en Manhattan contra Naason Joaquín y al menos otras cinco personas vinculadas a la Luz del Mundo, un grupo de fe cristiano fundado hace casi un siglo en México y con presencia en diversas regiones de Estados Unidos.
La hipótesis de los fiscales es que, bajo la fachada de una entidad religiosa, la Luz del Mundo opera también como una estructura criminal que, durante generaciones, ha explotado a sus seguidores. Tales abusos abarcan desde agresiones sexuales y trata de personas en ciertos casos, hasta una generalizada exacción económica dentro del colectivo.
Quienes se habrían beneficiado de estas prácticas ilícitas son Naason y sus colaboradores, quienes han acumulado fortunas considerables. Mediante mecanismos de triangulación financiera y lavado de activos, según la imputación, todos los involucrados han utilizado esos fondos para gastos personales, desde viajes hasta la adquisición de propiedades.
El 23 de septiembre, Naason Joaquín García fue trasladado desde California, donde cumplía una sentencia por delitos de índole sexual, a Nueva York para enfrentar este nuevo expediente. Desde esa fecha, permanece recluido en la prisión metropolitana de Brooklyn, NY.
Según constancias judiciales, el 8 de octubre, los fiscales presentaron ante el tribunal al detenido Joram Nunez Joaquín, un pastor y miembro adscrito a la Luz del Mundo, a cargo de la sede y la comunidad religiosa en Chicago.
La acusación fiscal sostiene que Nunez Joaquín fue uno de los facilitadores y beneficiarios de las acciones de la empresa criminal, haciéndolo presuntamente responsable de cargos de asociación delictuosa.
En la audiencia celebrada ante la jueza federal Loretta A. Preska, el implicado se declaró inocente de la actividad ilícita que se le imputa. La magistrada denegó la solicitud de libertad bajo fianza, fijando su próxima comparecencia para el 15 de diciembre.
Posteriormente, el 16 de octubre, se presentó ante el mismo tribunal Eva García de Joaquín, conocida como “hermana Eva”, progenitora de Naason Joaquín. Se le atribuyen los delitos de crimen organizado y complicidad en el tráfico de personas. Los procuradores alegan que durante décadas ella ayudó e incluso participó en el abuso de menores y jóvenes dentro del marco de la iglesia.
Tras la lectura de cargos, la mujer se declaró no culpable de los delitos que se le endilgan. De forma similar a los otros casos, la jueza Loretta A. Preska no le concedió el beneficio de fianza, por lo que permanecerá encarcelada mientras se desarrolla el litigio. Su audiencia de seguimiento también está programada para el 15 de diciembre.
El 20 de noviembre, el fiscal principal Jay Clayton presentó una solicitud dirigida a la mencionada jueza federal, revelando que dispone de información fiscal de varios de los procesados, remitida por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) con la debida autorización judicial.
El Gobierno enfatiza su intención de usar dichos documentos para demostrar el desvío de fondos para auspiciar la trata sexual y otras faltas financieras cometidas por los líderes de la Luz del Mundo. Por ello, y dada la naturaleza confidencial y sensible de estos datos, los fiscales solicitaron permiso a la jueza para incorporar esta información al expediente y facilitarla a la defensa para la preparación de sus argumentos.
En caso de que dicha autorización sea concedida, los procuradores solicitan que los documentos tributarios se entreguen bajo la clasificación “Posesión Única del Abogado” (Attorney’s Possession Only), lo que restringe el acceso directo de los procesados a copias físicas, aunque permite a sus letrados revisarlos y discutir su contenido con sus clientes bajo las limitaciones de la orden de protección.
Se espera que entre el 24 y el 27 de noviembre, antes del receso por el Día de Acción de Gracias, la jueza decida si acepta la inclusión de estas pruebas.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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