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En abril de 2026, si los peruanos van a votar nuevamente para seleccionar al siguiente mandatario del país, habrá un poder influyente y discreto que no se verá en la boleta electoral: la extracción ilícita de minerales.
Este “partido oculto” maneja enormes cantidades de dinero al margen de la ley, domina vastas zonas y ha demostrado tener la capacidad de manipular y eliminar a quien se interponga en su camino. Sus ramificaciones alcanzan el Congreso, donde cuenta con socios dispuestos a mantener su impunidad. Ni las acciones policiales ni las movilizaciones militares han logrado frenar un poder que ya compite abiertamente por el dominio político nacional.
Sin duda, Perú es una nación con gran potencial minero. Su catálogo de proyectos de inversión asciende a 63,000 millones de dólares, distribuidos en 68 iniciativas a lo largo del territorio, lo que resalta la gran capacidad de este sector para sostener la economía nacional. En los primeros cinco meses de 2025, la inversión en minería ya ejecutada totalizaba 1,845 millones de dólares.
No obstante, mientras la minería formal genera empleo, divisas y contribuciones fiscales, la extracción ilegal crece sin freno, mermando los fondos del Estado.
Conforme al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta actividad clandestina representa cerca del 2.7% del Producto Bruto Interno (PBI) peruano, un volumen comparable al de una industria formal de tamaño medio. La Fiscalía estima pérdidas anuales que superan los 22,700 millones de soles (más de 6,500 millones de dólares), y solo entre 2023 y 2025, el fisco habría dejado de percibir 7,500 millones de soles (más de 2,000 millones de dólares) en impuestos y canon. Efectivamente, se ha consolidado como una fuerza económica paralela.
Para agravar la situación, la minería informal también engendra una serie de graves problemas secundarios, como el tráfico de personas (con fines laborales y sexuales), la explotación infantil, la prostitución forzada en los campamentos mineros, la tala ilegal, la polución de ríos y cuencas con mercurio, el desplazamiento forzado de comunidades nativas y un incremento lamentable de la violencia criminal.
El punto más álgido y violento de este conflicto se localiza en Pataz, en la región La Libertad, a 1,455 km al norte de Lima. Su gobernador es César Acuña, considerado el hombre más influyente del país según el reciente sondeo de SEMANA económica. Allí, en los últimos tres años, la compañía minera Poderosa ha reportado 18 decesos de empleados en ataques relacionados con organizaciones criminales dedicadas a la obtención ilegal de oro. De acuerdo con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el saldo total de fallecidos en Pataz ya supera los 50.
Por lo tanto, este rubro, escondiendo tras el brillo del oro, disfraza una trama de hostilidad, corrupción y daño ambiental.
¿De dónde proviene su arraigo? El efecto destructivo de la minería clandestina no sería posible sin apoyo político. En el Congreso, agrupaciones y bancadas progresistas como Juntos por el Perú, bajo el liderazgo del exministro Roberto Sánchez, han sido cruciales para mantener vigente el mecanismo que protege a los mineros informales.
Sánchez fue un firme promotor de extender el llamado REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) hasta diciembre de este año, a pesar de que dicho registro debió haber concluido hace tiempo. Esta prórroga equivale a otorgar una licencia para operar fuera de la ley, pues les permite seguir extrayendo oro sin supervisión, emplear explosivos e incluso comerciar con insumos vedados, todo bajo la excusa de un proceso de “formalización” que nunca se completa. En la práctica, el REINFO funciona como un escudo de impunidad.
La relación entre el poder político y la minería encubierta es muy patente en el Parlamento. Informes periodísticos señalan que más del 75% de los legisladores de Fuerza Popular, Avanza País y Perú Libre han respaldado propuestas que favorecen la flexibilización de las normativas mineras. Además, al menos 14 dirigentes del sector minero informal están afiliados a partidos con representación en el Legislativo, como Renovación Popular (liderado por el dimitido alcalde de Lima, Rafael López Aliaga), Perú Libre, Juntos Por el Perú y Podemos Perú.
La minería ilícita también está muy entrelazada con funcionarios locales y regionales. Cerca de 59 alcaldes de diversas regiones figuran inscritos en el REINFO, y un alto porcentaje de gobernadores regionales han sido objeto de investigaciones por corrupción, especialmente en zonas con actividad minera como Junín, Puno, Áncash, Arequipa, Madre de Dios, Huánuco, Tumbes y Ucayali.
¿Qué nos asegura que la minería clandestina no continuará infiltrándose en la política peruana en 2026? ¿Qué nos garantiza que, con el capital que mueve y la red de acuerdos que ha tejido, podría incluso impulsar al próximo presidente de la República? Nada.
Porque, ocurra lo que ocurra, la extracción ilegal de minerales ya es un actor político con recursos, ascendencia y presencia territorial. Su avance busca influir en decisiones, amedrentar al Estado y apropiarse de las instituciones desde adentro. En las próximas contiendas electorales, su influencia estará presente en cada departamento, pugnando sigilosamente por definir el futuro del Perú.
Lo que inició como un negocio clandestino podría terminar decidiendo el resultado electoral. Estamos advertidos.
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