Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
WASHINGTON (AP) — La Secretaría del Tesoro de EE. UU. manifestó el jueves su intención de recalificar ciertos reembolsos fiscales como “subsidios gubernamentales federales”, lo cual imposibilitaría a algunos contribuyentes inmigrantes acceder a ellos, aun si declaran y satisfacen impuestos estando al día con los requisitos.
Analistas fiscales indican que quienes fueron traídos a EE. UU. ilegalmente siendo menores por sus progenitores —conocidos como amparados por DACA, o Acción Diferida para los Llegados en la Infancia— y los recién llegados con permiso de protección temporal son los más expuestos a sufrir las consecuencias de esta propuesta. El impacto sobre los empleados foráneos y quienes poseen visas de estudiante, así como en ciertas familias con hijos que poseen la ciudadanía, dependerá de cómo se redacte la regla, señalan.
El anuncio del Departamento del Tesoro representa la más reciente señal de cómo la administración del presidente Donald Trump ha adoptado una estrategia de “gobierno integral” para la ejecución de las normas migratorias, buscando en todas las agencias federales, no solo en Seguridad Nacional, métodos para apoyar la agenda migratoria presidencial.
El Tesoro comunicó que busca establecer nuevas disposiciones que impactarán las porciones reembolsables de ciertas deducciones fiscales personales, incluyendo beneficios vinculados al empleo, la descendencia o el ahorro.
Esta nueva regulación reclasificaría los beneficios fiscales como “ayudas públicas federales” bajo el marco de la Ley de Responsabilidad Personal y Ajuste Laboral de 1996. Como resultado, numerosos migrantes con autorización para laborar en el país perderían el derecho a dichos beneficios.
De acuerdo con el Instituto de Política Fiscal y Económica, los migrantes sin documentación regularizada que sí tributan generalmente no pueden acceder a los mismos beneficios fiscales que los ciudadanos americanos, a pesar de que este grupo contribuyó con cerca de 100.000 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales durante 2022.
Por ejemplo, las personas en situación irregular no son elegibles para las pensiones del Seguro Social ni para la cobertura médica de Medicare, si bien aportan miles de millones a las cotizaciones salariales federales que sustentan esos programas.
Los opositores calificaron la medida como una maniobra para perjudicar a los inmigrantes dentro del esquema político de Trump.
“Es una idea lamentable e infundada suprimir beneficios fiscales a personas que han cumplido tributando y son dignas de ellos por sus circunstancias migratorias”, opinó Daniel Costa, director de Investigación de Legislación y Políticas Migratorias en el Instituto de Política Económica.
“Implementar esto demandará discernir quién está en regla y quién no, lo cual palanquea al gobierno de Trump para expandir su alcance de deportaciones”, añadió.
Se anticipa que el reglamento definitivo entrará en vigor para el año fiscal 2026. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró en un comunicado: “Estamos aplicando la ley y evitando que los extranjeros indocumentados reclamen beneficios impositivos destinados a ciudadanos estadounidenses”. El Tesoro solicitó al Departamento de Justicia una reconsideración de la normativa para desarrollar la nueva ley, según la agencia.
Carl Davis, director de investigación del Instituto de Política Fiscal y Económica, señaló que, dado que aquellos sin permiso de trabajo ya no calificarán para estos beneficios, “quienes realmente padecerán las consecuencias son aquellos que auténticamente intentan obrar correctamente: las personas con permiso para trabajar y que satisfacen sus obligaciones fiscales”.
Según Davis, la Casa Blanca buscaría tornar más difícil la vida de los migrantes que cumplen sus deberes tributarios.
Brandon DeBot, director de estrategia en el Centro de Derecho Tributario de NYU, precisó en una nota que la reinterpretación legal que hace el Tesoro para efectuar una nueva regla sobre los créditos fiscales “anula preceptos muy claros del código impositivo”.
“Negar estos créditos a familias migrantes requiere una acción explícita por parte del Congreso”, sostuvo DeBot.
Davis comentó que la regla probablemente carecería de respaldo mayoritario en el Congreso, lo que podría haber impulsado al gobierno a actuar de manera unilateral en este asunto.
“En general, la ciudadanía estadounidense se siente empática con los ‘dreamers’ y los beneficiarios de DACA. Atacarlos de esta manera indirecta no es una variación de política que hubiera cosechado un apoyo mayoritario en el Capitolio”, consideró.
Salomon reportó desde Miami.
Esta crónica fue adaptada del inglés por un editor de AP con asistencia de un sistema de inteligencia artificial generativa.
Agregar Comentario