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PORTLAND, Oregón, EE. UU. (AP) — Una magistrada federal en Oregón falló el viernes que la administración del presidente Donald Trump no satisfizo los requerimientos legales para desplegar a la Guardia Nacional en Portland, luego de que la urbe y el estado interpusieran una demanda en septiembre para frenar dicho despliegue.
La resolución de la jueza Karin Immergut — nombrada por Trump — del Tribunal Federal de Distrito se produjo tras un litigio de tres jornadas la semana pasada, donde ambas partes expusieron sus argumentos sobre si las manifestaciones frente al edificio del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la localidad cumplían los criterios para movilizar a las tropas federales bajo la normativa vigente.
El ejecutivo argumentó que los efectivos eran indispensables para resguardar al personal y las instalaciones federales en una ciudad que, según Trump, se encontraba “arrasada por la guerra”, con “fuegos por doquier”.
En una exposición de 106 páginas, Immergut dictaminó que, si bien el mandatario goza de “gran consideración” en su potestad para convocar a la Guardia Nacional, le faltó sustento legal para hacerlo debido a que no demostró la existencia de una insurrección o amenaza de la misma, o que no pudiera hacer cumplir la ley con las fuerzas policiales ordinarias.
“El expediente del juicio evidenció que, a pesar de que las protestas frente al inmueble del ICE en Portland sucedieron cada noche entre junio y octubre de 2025, tras algunos días especialmente conflictivos a mediados de junio, las manifestaciones se han mantenido pacíficas, con solo unos pocos incidentes aislados y esporádicos de violencia”, redactó Immergut. “La interrupción ocasional de los oficiales federales ha sido menor, y no se aportó evidencia de que estas concentraciones de menor calibre hayan obstaculizado de forma considerable la aplicación de ninguna ley migratoria”.
La Cancillería de Trump tildó el dictamen de la jueza.
“Los hechos no han variado. En medio de un contexto de altercados violentos y desorden público persistente, que los líderes locales han eludido reprimir, el presidente Trump ha ejercido su facultad legal para proteger a los funcionarios y bienes federales. El presidente Trump no tolerará la anarquía que asola las poblaciones estadounidenses, y confiamos en ser ratificados por un tribunal superior”, manifestó Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca.
“Los tribunales están obligando a este gobierno a apegarse a la verdad y al Estado de derecho”, expresó el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, en un comunicado enviado por vía electrónica. “Desde el principio, este asunto ha versado sobre asegurar que sean los hechos, y no las ocurrencias políticas, los que determinen cómo se aplica el marco legal. La resolución de hoy salvaguarda ese principio”.
Johnson reportó desde Seattle. La periodista de The Associated Press Michelle L. Price en Palm Beach, Florida, colaboró en esta nota.
Esta crónica fue adaptada del idioma inglés por un editor de AP con asistencia de un instrumento de inteligencia artificial generativa.
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