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Washington, 14 nov (Prensa Latina) En medio de un despliegue militar sin precedentes en el Caribe, Estados Unidos dio a conocer la Operación Lanza del Sur, supuestamente para combatir el narcotráfico, lo que muchos interpretan como una amenaza creciente hacia Venezuela.
La Operación se desarrolla en la zona de influencia del Comando Sur, preparado para operaciones militares en Centroamérica, Sudamérica y las aguas adyacentes. Sin embargo, ni el Pentágono ni la Casa Blanca han especificado los objetivos concretos, la duración o los alcances de la “lanza”.
El presidente Donald Trump recibió informes sobre posibles acciones dentro de Venezuela. La CBS informó que altos mandos militares le presentaron el miércoles “propuestas actualizadas” para un posible asalto a esa nación latinoamericana, si bien no se llegó a ninguna determinación.
No obstante, el mandatario declaró recientemente en una entrevista a CBS que no contemplaba incursiones en el territorio sudamericano, a pesar de haber autorizado previamente acciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en dicho país.
Para analistas políticos, el presidente republicano continúa sopesando la relación costo-beneficio de una empresa militar con riesgos y repercusiones incalculables.
Desde el 2 de septiembre, bajo el pretexto de la lucha contra las drogas, el Gobierno de Estados Unidos ejecuta una ofensiva contra naves que, sin pruebas, afirma están dedicadas al transporte ilícito de estupefacientes hacia el país del norte, el principal mercado mundial de sustancias prohibidas.
Anoche, el secretario de Guerra Pete Hegseth comunicó vía la red social X el vigésimo ataque estadounidense contra una supuesta lancha involucrada en narcotráfico en el Caribe. Cuatro personas perdieron la vida como resultado.
“El hemisferio occidental es el entorno de Estados Unidos, y lo vamos a salvaguardar”, escribió en la plataforma digital.
Esta semana arribó al Caribe el portaaviones USS Gerald R Ford, calificado por la Marina de Estados Unidos como “la estación de combate más apta, versátil y letal del planeta”.
Los ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico han dejado hasta ahora un saldo de al menos 80 fallecidos. La campaña se ha extendido del Caribe al Pacífico oriental.
Legisladores demócratas y líderes de la comunidad internacional cuestionan la legalidad de estos asaltos, ocurridos sin presentar evidencias ni argumentos sólidos.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó el viernes que estos sucesos vulneran el derecho internacional y solicitó su cese.
“Estas agresiones y su creciente saldo humano son inadmisibles”, recalcó el comisionado de derechos humanos Volker Türk, en un comunicado reciente difundido por su despacho.
“Estados Unidos —enfatizó— debe poner fin a estos ataques y adoptar todas las medidas necesarias para prevenir la ejecución extrajudicial de individuos a bordo de estas embarcaciones”.
El Ejecutivo de Trump emitió recientemente una opinión legal confidencial que busca validar estos hechos, pero Jeffrey Stein, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la Asociación Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), advirtió que “toda la información disponible sugiere que las incursiones letales del presidente Trump en el Caribe constituyen, sencillamente, homicidio”.
En ese orden de ideas, insistió en que “la ciudadanía merece conocer cómo nuestro gobierno fundamenta la legalidad de estos asaltos”.
Venezuela ha manifestado su preocupación por las intenciones de Washington. El ministro de Defensa de esa nación, Vladimir Padrino, señaló que “la tranquilidad en el Caribe se ve comprometida” a partir de una falsedad “orquestada en el Departamento de Estado” estadounidense.
Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, denunció vísperas que enfrentan “un intento de incursión, un intento de hostilidad, un intento de subyugación de un pueblo libre y soberano, infringiendo todos los preceptos internacionales de los derechos que conocemos”.
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