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WASHINGTON (AP) — Más de veinte jurisdicciones estatales, encabezadas por miembros del partido Demócrata, interpusieron un recurso legal contra una reciente directriz de la administración Trump que restringe la anulación de préstamos a funcionarios públicos o entidades sin ánimo de lucro si el ejecutivo determina que su empleador persigue un “objetivo ilícito considerable”.
Esta medida se enfoca principalmente en entidades que asisten a inmigrantes y a jóvenes transexuales.
En el pleito judicial presentado el lunes en Massachusetts, las demarcaciones alegaron que la gestión de Trump se extralimitó en sus facultades al sumar criterios de elegibilidad al esquema de Exención de Préstamos para el Servicio Público. Dicha alteración, según el escrito, agravaría la escasez de puestos de trabajo y generaría inestabilidad en los contextos laborales regionales.
El recurso legal fue liderado por Nueva York, Massachusetts, California y Colorado. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, manifestó que la norma es “un chequeo de fidelidad política disfrazado de reglamento”, y añadió que resulta “injusto e ilícito negar alivio de la deuda a personas trabajadoras estadounidenses basándose en su ideología”.
Un colectivo distinto formado por urbes, organizaciones no lucrativas y sindicatos también presentó una impugnación legal en Massachusetts el mismo lunes. Ese litigio fue iniciado por Boston; Chicago; Albuquerque, Nuevo México; San Francisco; Santa Clara, California; y el Consejo Nacional de Organizaciones No Gubernamentales.
Respondiendo a las demandas, el subsecretario de Instrucción, Nicholas Kent, indicó que es impensable que los querellantes defiendan prácticas delictivas.
“Esto es una mejora de sentido común que impide que fondos de contribuyentes se dirijan a agrupaciones involucradas en terrorismo, tráfico de menores y procedimientos para personas transgénero que están provocando perjuicio permanente a la infancia”, señaló Kent en un comunicado. “La disposición final es totalmente diáfana: el Departamento la implementará de forma imparcial, sin tomar en cuenta la misión del empleador, su doctrina o la población a la que sirven”.
Se anticipaba que otra acción judicial en contra del reglamento se formalizaría el martes en representación del colectivo Robert F. Kennedy Derechos Humanos, el American Immigration Council y The Door, una organización legal. Están siendo asistidos por las firmas Student Defense y Public Citizen.
El Congreso ideó el programa en 2007 para incentivar que más graduados se incorporen a empleos del sector público con remuneraciones menores. Se promete cancelar sus obligaciones crediticias tras cumplir 10 años de pagos mientras laboran en cargos gubernamentales o para muchas entidades sin fines de lucro. Más de un millón de ciudadanos han visto sus créditos anulados mediante este sistema, incluyendo educadores, socorristas, personal de enfermería y defensores de oficio.
Bajo la nueva política ratificada la semana previa, los empleadores pueden quedar excluidos del programa si participan en actividades que incluyen el tráfico o la “castración química” de niños, el ingreso irregular al país y el sostenimiento de células terroristas. El término “castración química” se define como el uso de tratamientos hormonales o fármacos que detienen el desarrollo puberal, un cuidado de adecuación de género usual para niños o adolescentes transgénero.
De acuerdo con la regulación, el secretario de Educación tendrá la decisión final al determinar si una entidad persigue un fin ilegal, aparentemente después de evaluar si la “mayoría de las pruebas” apuntan en su contra.
En su recurso, las jurisdicciones adujeron que administraciones estatales enteras, hospitales, escuelas y organizaciones sin fines de lucro podrían ser retiradas del programa de manera unilateral por el secretario. Sostienen que el Congreso otorgó el beneficio a todo el personal público y no faculta al Departamento de Educación para imponer limitaciones o condiciones.
Las demarcaciones también mostraron objeciones a la dependencia del departamento en la expresión “propósito ilegal considerable”, indicando que es un “concepto demasiado amplio y ambiguo de forma inaceptable” que busca “desalentar prácticas que esta Administración desaprueba”.
El litigio solicita a un juez federal que declare la política como contraria a la ley y ordene al Departamento de Educación abstenerse de aplicarla.
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