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Una cantidad superior a los RD1,666,000,000 habría sido mermada al Estado dominicano a causa de los presuntos esquemas fraudulentos urdidos por José Gómez Canaán (Jochi Gómez) mediante una triangulación corrupta ejecutada con sus corporaciones.
Así lo consigna el Ministerio Público en su pliego acusatorio formal con petición de apertura de juicio contra Jochi Gómez y otras dieciséis personas y entidades privadas que al parecer estuvieron implicadas en toda una red delictiva que causó perjuicio al erario.
Conforme al Ministerio Público, el susodicho habría empleado un “plan doble” para materializar su estrategia: sobrepagos a contratistas y adjudicación indebida de cobros estatales, revelando un “modelo estructurado de dolo” contra la administración pública, con el cual se simulaban obligaciones inexistentes y se ocultaban cobros reales, con el propósito de enriquecer de forma ilegítima a un mismo receptor.
En este esquema se habrían involucrado las firmas OML Inversiones, Transcore Latam, Aurix S.A.S, PagoRD Xchange S.R.L. y Dekolor S.R.L.
OML Inversiones, S.R.L. funcionó como una “compañía fantasma” y un instrumento financiero y patrimonial empleado por Jochi Gómez para el blanqueo sistemático de capitales procedentes de estafas y acuerdos simulados con el Estado, a través de otras empresas ya mencionadas.
Durante el lapso (2020-2024), según la imputación presentada, esta organización habría registrado ingresos por un valor de más de 1,348 millones de pesos, 14 millones de dólares y 113 mil euros.
En cuanto a la entidad Transcore Latam S.R.L., esta se benefició del fraude al conseguir un contrato viciado de gran magnitud con el Intrant y mediante la circulación de cientos de millones de pesos y varios millones de dólares en sus cuentas bancarias, usándola como un medio para el lavado de activos.
Se destaca aquí el valor total de adjudicación en el concurso convocado para modernizar los dispositivos de semáforos y otros elementos de tráfico, donde se sumaron RD$1317 millones de pesos, con pagos registrados.
Entretanto, PagoRD Xchange S.R.L fue una estructura fraudulenta utilizada por Jochi Gómez para desviar fondos públicos. La corporación se valió del plan criminal mediante la captura directa de recaudaciones gubernamentales, grandes volúmenes de capital movilizado y la adquisición de bienes raíces suntuosos.
Según el Ministerio Público, fue constituida formalmente para administrar el cobro electrónico del Intrant, pero operó apropiándose de los ingresos bajo el pretexto de comisiones. Específicamente, se alzó con los caudales públicos provenientes de las recaudaciones por permisos de conducción y tarifas por servicios del Intrant.
La empresa Dekolor S.R.L., de acuerdo al Ministerio Público, obtuvo beneficios del plan delictivo mediante la manipulación de acuerdos con el INTRANT, la inflación de costos por servicios y el uso de la compañía como un canal importante para dirigir y blanquear capitales.
Si bien el expediente no detalla con exactitud el monto total con el que se favoreció esta firma, se estima que existe al menos una cifra que excede los 200 millones de pesos en ganancias obtenidas en una ampliación de tarifas y más de 936 millones de pesos en un importe que el Intrant incluyó como “un pasivo proyectado” de ingresos futuros correspondientes a ocho meses.
En el caso de Aurix e Industria Soltex, el documento señala que estas empresas formaban parte del entramado, pero no figuran pagos o convenios registrados a su nombre ante la Contraloría General de la República ni en el Ministerio de Defensa. No obstante, OML Inversiones canalizó más de 21 millones de pesos y 2 millones de dólares hacia Industria Soltex.














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