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El titular de la SCJ, Luis Henry Molina (d), toma juramento a Rodolfo Valentín, después de ser refrendado como director del Gabinete de Asistencia Legal Pública. / SCJ.
Santo Domingo.-El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, invistió al letrado Rodolfo Valentín Santos como responsable de la Oficina Nacional de la Defensa de Oficio, tras ser confirmado para un segundo lapso de seis años al frente de la entidad.
En el acto estuvieron presentes integrantes del Consejo: Héctor Pereyra, decano de la Unidad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); Servio Tulio Castaños, subdirector de la Corporación Institucionalidad y Justicia (Finjus); César Marte, abogado de pobres y portavoz ante el Consejo Nacional de Defensa Pública; y Carlos Batista, coordinador de área en la sede de Santo Domingo Este.
Durante la ceremonia, Valentín Santos reafirmó su compromiso con el Plan Estratégico de la Institución 2025-2031, fundamentado en los pilares de robustecer el servicio, la administración y actualización, el acatamiento de normativas y ética, y la consolidación de la cultura corporativa.
“El aprecio por la labor realizada en los últimos años nos motiva a seguir fortaleciendo la Defensa de Oficio como garante del derecho esencial a ser defendido. Asumo este nuevo periodo con la promesa de seguir modernizando la organización, expandir el alcance y asegurar que todo ciudadano, sin importar su situación, tenga acceso tangible y digno a la justicia”, manifestó el funcionario.
Datos oficiales indican que, durante su primera gestión, la agencia recibió 184 mil expedientes, y más de 800 mil personas recibieron apoyo legal, asegurando el derecho constitucional a la defensa.
De igual manera, la organización difundió balances carcelarios anuales, ofreciendo análisis cruciales sobre las condiciones de reclusión y privación de libertad.
Entre los logros conseguidos en el bienio 2019-2025 se encuentran la extensión de la cobertura nacional, con la apertura de nuevas oficinas en Jimaní, Nagua, Santiago Rodríguez y Las Matas de Farfán; así como la incorporación de 74 nuevos defensores públicos y la formación de 83 postulantes en la Escuela Nacional de la Magistratura (ENJ).
La transformación organizacional progresó con la adopción de expedientes electrónicos y el arranque del sistema digital para la tramitación de casos.
En cuanto al bienestar laboral, se incluyó un seguro médico adicional, se aplicaron mejoras salariales y se entregaron 15 residencias en colaboración con el Ministerio de Construcción y Edificaciones (MIVED).
La entidad también se distinguió por su desempeño en transparencia, obteniendo un promedio de 97.77 % en el Indicador de Transparencia del Gobierno. Además, se estableció la Auditoría Interna, reforzando la autonomía administrativa.
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