Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
NUEVA YORK (AP) — Cuando Dauda Sesay arribó a Estados Unidos tras escapar del conflicto bélico en Sierra Leona y pasar casi una década en un campamento para refugiados, jamás imaginó que podría llegar a ser ciudadano. Sin embargo, le aseguraron que si acataba las reglas y evitaba problemas, tras unos años podría solicitar la naturalización. Como compatriota estadounidense, estaría resguardado.
Eso fue lo que le impulsó a iniciar el trámite: la idea —y la garantía— de que al hacerse ciudadano naturalizado estadounidense, se forjaría un lazo con su nueva tierra. Adquiriría prerrogativas y obligaciones, como el sufragio, y al comprometerse con la nación, esta también se comprometía con él.
“Al alzar la mano y prestar el compromiso de fidelidad, en ese instante creí en la promesa de pertenencia”, manifestó Sesay, de 44 años, quien reside en Luisiana desde hace más de 15 años y trabaja promoviendo la reinserción de refugiados en la sociedad norteamericana.
No obstante, en los últimos meses, mientras el presidente Donald Trump redefine la inmigración y la relación del país con los recién llegados, esa convicción se ha visto mermada para Sesay y otros ciudadanos por naturalización. Ahora existe el temor de que los intentos por incrementar drásticamente las expulsiones y modificar quién puede considerar a Estados Unidos su hogar, mediante maniobras como buscar eliminar la ciudadanía por nacimiento, ya estén generando un efecto arrastre.
Aquello que percibían como la protección fundamental de la naturalización se siente ahora más como terreno inestable.
A algunos les inquieta la posibilidad de tener dificultades para reingresar si salen del territorio, alarmados por testimonios de ciudadanos naturalizados que han sido cuestionados o retenidos por oficiales fronterizos de EE. UU. Se preguntan si deberían restringir el acceso a sus móviles para salvaguardar su intimidad. Otros dudan en moverse incluso dentro del país, tras conocerse casos como el de un ciudadano acusado de estar indocumentado y arrestado aun cuando su progenitora presentó su acta de nacimiento.
Sesay confiesa que ya no viaja internamente sin portar su pasaporte, a pesar de poseer una REAL ID, la cual conlleva los rigurosos requisitos de identificación solicitados por el gobierno federal.
Los operativos de control migratorio, frecuentemente ejecutados por personal federal encapuchado y sin identificación en urbes como Chicago y Nueva York, han afectado en ocasiones a ciudadanos nacidos en el país. Uno de ellos, quien alega haber sido retenido dos veces por funcionarios de inmigración, ha interpuesto una demanda federal.
Para acentuar la zozobra, el Departamento de Justicia difundió un memorando este verano anunciando la intensificación de los procesos para revocar la ciudadanía a inmigrantes que hayan delinquido o sean considerados amenaza para la seguridad nacional. En un momento dado, Trump llegó a cuestionar la ciudadanía del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, un socialdemócrata de 34 años que se nacionalizó siendo joven.
Este ambiente provoca que algunas personas teman comentar la situación públicamente, por el riesgo de atraer atención desfavorable hacia sí mismos. Las peticiones de declaraciones a diversas agrupaciones comunitarias y otros contactos no lograron hallar a nadie dispuesto a hablar abiertamente, aparte de Sesay.
En Nuevo México, la senadora estatal Cindy Nava afirma conocer el temor, pues creció sin la documentación necesaria antes de acogerse al DACA —Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, un esquema del expresidente Barack Obama que brindaba amparo contra la deportación a quienes fueron traídos al país de niños— y obtener la nacionalidad a través de su matrimonio. Lo que no esperaba era observar tanta aprensión entre los ciudadanos naturalizados.
“Jamás había visto a esa gente con miedo (…) Las personas que conozco, que antes no temían, ahora no tienen certeza sobre lo que su estatus les depara como amparo”, comentó Nava.
Stephen Kantrowitz, catedrático de historia en la Universidad de Wisconsin-Madison, indicó que la connotación de la ciudadanía, y a quién abarcaba, ha variado y se ha restringido a lo largo de la trayectoria histórica estadounidense. Aunque el vocablo “ciudadano” figura en la Constitución original, no posee una definición precisa, explicó.
“Cuando se redactó la Constitución, nadie tenía claro qué significaba ser ciudadano”, señaló. “Es un concepto técnico, proviene de la tradición revolucionaria francesa. Implica una especie de equivalencia entre los miembros de un colectivo político, y conlleva ciertas implicaciones para el derecho a formar parte de ese colectivo. Pero es… bastante vago”.
La primera legislación sobre naturalización aprobada en 1790 por el Congreso del entonces nuevo país establecía que la ciudadanía era para cualquier “individuo blanco libre” de probada idoneidad. Las personas de origen africano o nacidas en África fueron integradas como una categoría específica en el derecho federal de inmigración tras los estragos de la Guerra Civil en el siglo XIX, periodo en el que también se incorporó la 14ª Enmienda a la Constitución para fundamentar la ciudadanía por nacimiento.
En las postrimerías del siglo XIX y los albores del XX se promulgaron leyes que coartaron la migración y, por consiguiente, la naturalización. La Ley de Inmigración de 1924 vetó el ingreso a individuos de Asia dado que no cumplían los requisitos para la naturalización por no ser ni caucásicos ni afroamericanos. Esta situación no se modificó hasta 1952, cuando una ley migratoria eliminó las barreras raciales en la naturalización. La Ley de Inmigración y Naturalización de 1965 sustituyó el sistema migratorio previo por uno que distribuía visados de manera equitativa.
La historia de EE. UU. también incluye momentos en que se despojó del estatus a quienes lo poseían, como ocurrió tras la resolución de la Corte Suprema de 1923 en el caso Estados Unidos vs. Bhagat Singh Thind. Dicho fallo estipuló que los originarios de la India no podían nacionalizarse por no ser considerados blancos, lo que derivó en varias decenas de revocaciones de ciudadanía. En otras ocasiones se ignoró, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando los de origen japonés fueron forzados a ingresar a campos de confinamiento.
“El poder político ocasionalmente decide sencillamente que un grupo de personas, o un individuo o una familia no tienen derecho a la condición de ciudadanos”, afirmó Kantrowitz.
Ahora, Sesay siente que es una violación de confianza.
“Mi juramento de fidelidad fue hacia los Estados Unidos de América, a eso me adherí”, sentenció. “Ahora, en mi propia nación, estoy presenciando una transformación… Francamente, este no es el Estados Unidos en el que creía cuando llevé mi mano al pecho”.
___
Esta crónica fue adaptada del inglés por un editor de AP con asistencia de un instrumento de inteligencia artificial generativa.
Agregar Comentario