REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Más de 300 personas fueron detenidas durante protestas y saqueos registrados en medio del apagón que paralizó a Venezuela, denunció este jueves la organización de derechos humanos Foro Penal, crítica del gobierno de Nicolás Maduro.
«Desde el 7 de marzo (cuando comenzó la masiva falla eléctrica) hasta el día de hoy estamos hablando de 124 detenciones por protestas y (…) más de 200 detenciones aparte que son por saqueos», declaró en rueda el director de Foro Penal, Alfredo Romero.
El estado con mayor número de apresados en «protestas pacíficas» fue Anzoátegui (noreste), con 49, detalló Romero.
El activista llamó la atención sobre la situación «anárquica» que vivió Maracaibo, capital del petrolero estado Zulia (noroeste), con «saqueos generalizados».
Según gremios empresariales, en esa ciudad se han registrado unos 500 actos de pillaje.
El suministro eléctrico empezó a normalizarse desde el lunes en Caracas, con altibajos, y el gobierno aseguró que el miércoles en la noche el servicio estaba recuperado en un ciento por ciento. Sin embargo, todavía hay reportes de fallas en los occidentales estados Táchira y Mérida.
Los cortes también afectaron el suministro de agua, por la falta de energía para el bombeo.
Según Foro Penal, con las detenciones ocurridas en protestas durante el apagón «el número total de presos políticos es de 911».
Romero aseguró que la lista fue entregada a una misión enviada a Venezuela por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El activista también denunció que unos 800 indígenas del pueblo pemón «han cruzado la frontera por trochas» (caminos ilegales) en el estado Bolívar (sur), para «refugiarse» en Brasil, tras disturbios el pasado 23 de febrero que dejaron siete muertos en esa región.
La violencia se desató durante el fallido ingreso de donaciones de Estados Unidos en alimentos e insumos médicos -por las zonas limítrofes con Colombia y Brasil-, gestionadas por el opositor Juan Guaidó.
El gobierno de Maduro impidió su traslado al considerar la asistencia como una «excusa» para una intervención militar de Estados Unidos avalada por Guaidó, jefe parlamentario reconocido por más de 50 países.
