RT.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que su Ejecutivo prohibirá a las grandes compañías eléctricas y a las entidades bancarias trasladar a la ciudadanía los costes de los dos nuevos impuestos que propuso recientemente.
“La próxima semana registraremos una Proposición de Ley [ante el Congreso de los Diputados] para la aprobación de los impuestos a las grandes energéticas y entidades bancarias. El texto prohibirá que las compañías puedan trasladar los costes a los ciudadanos”, declaró el secretario general del PSOE en el Comité Federal extraordinario del partido celebrado en Madrid.
En esta línea, el mandatario recalcó que con la propuesta de introducir dos tributos adicionales su Gabinete pide “lo mismo que los consumidores que están soportando el azote de la crisis y que esta situación no derive en sobresueldos de sus máximos directivos ni engorde sus beneficios“. Además, estimó que los gravámenes en cuestión permitirán recaudar cerca de 7.000 millones de euros en dos años.
Defendiendo la iniciativa, Sánchez insistió en que con ella su Gobierno elige “estar con la clase media y trabajadora” y busca garantizar “un reparto justo de los costes de la crisis“, por lo que no permitirá que “el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos”.
Además, el líder socialista recordó que tal tipo de tributos ya existen en naciones como el Reino Unido, Bélgica, Francia, Italia o Suecia y que organismos como la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos o el Fondo Monetario Internacional aconsejaron su introducción.
En este sentido, el presidente del Gobierno criticó la oposición de los partidos de derecha, pese a que medidas similares están vigentes en países “avanzados con gobiernos conservadores”. “Ya hemos visto que la derecha española ha anunciado su oposición. Como siempre. Es verdad que no nos sorprende”, sentenció.
Entre otros asuntos, Sánchez reiteró el rechazo de su Gobierno a la proposición de la Comisión Europea de reducir en un 15 % el consumo de gas hasta abril de 2023, como plan de emergencia en caso de un corte del suministro ruso. En este sentido, señaló que Madrid “no puede aceptar imposiciones” que tendrían “un efecto lesivo sobre el tejido industrial y sin beneficio claro para nadie”.
