Sevilla, 26 Sep (EUROPA PRESS) -.
La Confederación de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha denunciado que la revisión temporal de precios puesta en marcha por el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía “no ha sido aplicada” por “muchos” ayuntamientos y entidades locales, lo que ha provocado una situación “muy complicada” para las empresas del sector.
En un comunicado, Ceacop insta a las entidades locales a utilizar este sistema de la misma forma que lo hacen las administraciones central y local, tal y como recoge la legislación vigente e incluso dictamina la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Mientras algunos ayuntamientos se han acogido a este sistema, otros muchos han optado por el silencio administrativo o incluso lo han rechazado.
‘Lo que está ocurriendo es duro e injusto. La falta de resolución favorable de las solicitudes de revisión, así como el silencio administrativo, está obligando a las empresas a recurrir a los tribunales’, explica Arturo Coloma, representante de la asociación.
La legislación temporal (Real Decreto 3/2022 y Real Decreto 4/2022) aprobada para las “imprevisibles y significativas” subidas de precios entre 2021 y 2022 tendrá un impacto “insignificante” de incremento de costes en los contratos de obra que se celebren en 2022 y en los que tengan precios de contrato hasta marzo de 2023. Hay que recordar que se trata de una mitigación “ligera”.
Además, según la organización, la propia ley contiene una motivación para los incrementos de costes inusuales que sean “imprevisibles” en el momento de la licitación y que superen los límites contenidos en los riesgos y posibilidades a cargo del contratista.
‘El impacto real sobre los costes es superior al 30%, y la ley sólo contempla una pequeña parte al no incluir el incremento energético’, afirma Koroma, advirtiendo de que ‘una alta proporción de proyectos son económicamente inviables, poniendo en riesgo el futuro de las empresas y de sus trabajadores’.
Ceacop subraya que el problema es que las pequeñas y medianas empresas que trabajan para las autoridades locales se ven directamente afectadas y, por tanto, ‘no tienen capacidad para soportar tales pérdidas’.
Según la patronal de la construcción, los ayuntamientos, al igual que otras administraciones, deberían aplicar esta ley para evitar perjuicios en los contratos afectados y litigios ‘costosos y dilatados en el tiempo, que las pymes no se pueden permitir’, según el presidente de Ceacop.
La asociación celebra que la Junta de Andalucía se acoja al régimen transitorio de revisión de precios e insiste en que “apruebe y pague” la resolución lo antes posible.
En cuanto a las consejerías que han optado por el silencio administrativo, Coloma insta a que “tengan una oportunidad clara de responder favorablemente a la solicitud, para dar la misma solución que se aplica a toda la obra pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y evitar perjuicios evidentes a las empresas”.
Por último, Ceacop insiste en la necesidad de volver a aplicar la ley de revisión de precios en los contratos de obras públicas. Esta ley permitiría resolver la acusada situación inflacionista, que previsiblemente continuará ahora y en el futuro, y permitiría a las empresas ejecutar y cumplir los contratos en condiciones de equilibrio presupuestario.
