Almería, 27 Sep (EUROPA PRESS) -.
El juicio penal del caso de corrupción política y empresarial ‘Poniente’ en El Ejido (Almería) entre 2002 y 2009 se encuentra en la fase de notificación de las condenas dictadas hace seis meses contra 20 personas, entre ellas el ex alcalde Juan Enciso y el ex interventor general José Alemán, por su implicación en la malversación de 58,8 millones de euros de fondos públicos. en curso.
Fuentes judiciales informaron a Europa Press de que todas las comunicaciones dirigidas a los abogados “ya” han sido cumplimentadas “en tiempo y forma”, pero igualmente el Juzgado de Instrucción número 3 sigue sin notificar el auto de condena exprés a petición de las partes.
Sólo quedan “diez” notificaciones, “todas personales”, y sólo a partir de la última se dará a las partes un plazo de 30 días hábiles para recurrir ante el Tribunal Supremo (TS).
En abril, el tribunal emitió una aclaración solicitada por algunos de los abogados de los 32 condenados sobre la valoración de los cargos de malversación, la supuesta nulidad de los informes periciales emitidos por la Agencia Tributaria (AEAT) o el hecho de que el tribunal sólo rebajara las penas una vez, pese a tener en cuenta la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas La Audiencia rechaza “complementar” la condena en el caso Poniente por
El Departamento Tercero concluyó que no era necesario complementar la sentencia en los términos solicitados por las partes y emplazó a la mayoría de ellas a plantearlo en una eventual impugnación ante el Tribunal Supremo, al tratarse de una “cuestión de fondo” que “sólo puede ser impugnada a través de un recurso de casación”.
En la sentencia, el ex alcalde de El Ejido, Juan Enciso, fue condenado a cinco años y tres meses de prisión y 13 años de inhabilitación por malversación, y el ex interventor municipal, José Alemán, a siete años y seis meses de cárcel por cometer también cohecho.
La sentencia, publicada 626 días después de la conclusión del macrojuicio, concluye que Enciso cometió una malversación de caudales públicos especialmente grave y continuada en concurso con un delito de falsedad continuada en documento mercantil, aunque le absuelve de cohecho pasivo, anticipos, delitos societarios y contra la Hacienda Pública.
Aunque Alemán y Enciso señalaron los “orígenes” de la trama de corrupción por “avidez de dinero y disfrute del poder”, el juez consideró que fue el ex interventor y auditor general quien desempeñó el papel más importante en la trama de corrupción y consideró probado que recibió “sobornos” por un importe aproximado de 7,5 millones de euros.
Según la sentencia, que condena a 32 de las 47 personas que comparecieron en el juicio, El Sur, empresa mixta público-privada participada por el grupo Abengoa, funcionó desde sus inicios como un “parapeto” para “saquear” las arcas municipales “en favor de diversos intereses de grupos empresariales” “distintos del interés público legalmente exigible”. Así fue.
Su modus operandi fue la “subcontratación a precios desorbitados” con una veintena de empresas, de modo que los honorarios cobrados por la UTE al Ayuntamiento edidense fueron “siempre desorbitados” respecto a los servicios prestados “oscilando entre 47,9 y más de 171 millones de euros del presupuesto original”, señalaba.
Entre 2002 y 2008, señalaba la sentencia, la empresa mixta había cobrado al Ayuntamiento 141.225.800 euros, IVA excluido, que, según la sentencia, habían sido “desviados a manos privadas”, por un total de 58.851.790,50 euros, lo que suponía “no menos del 41,67 por ciento” y era “una cantidad La “magnitud” de la malversación de fondos públicos fue señalada como “indudablemente perjudicial para los servicios públicos” en un área “esencial para el público”. El juez consideró probado que el ex alcalde Juan Enciso y el ex interventor general José Alemán, cuando eran presidente y consejero delegado de El Sur, “incumplieron su deber de supervisión y control” de los fondos públicos.
Destacaba la “indispensable connivencia” entre ambos, explicando que “a sabiendas, el Interventor aprobó el gasto una vez contabilizado, y el Alcalde también autorizó la firma de una resolución ordenando el pago de cuotas anuales de socios ficticiamente incrementadas”. Sin ambas partes, habría sido “imposible” llevar a cabo la malversación.
La sentencia afirmaba que Enciso era “plenamente consciente y consintió” las “actividades ilícitas” de la empresa mixta y los “beneficios ilícitos” obtenidos por el socio privado por “servicios ficticios de apoyo a la gestión por los que el socio privado cobró ingentes cantidades en concepto de “honorarios” y “cuotas adicionales”” y que él y el ex interventor “ignoraron su deber de gestionar y supervisar los fondos públicos del municipio Concluyó que había “hecho caso omiso” de su “deber de gestionar y supervisar los fondos públicos del municipio”.
En el caso del alcalde, sin embargo, el tribunal no consideró que los 671.000 euros de ingresos que percibió a través de la empresa que creó con su mujer, de la que fue absuelto, “encubrieran donaciones y comisiones ilícitas”, y señaló que no había pruebas “suficientes” de que hubiera obtenido un “patrimonio personal” a través de prácticas corruptas, como había sostenido el perito de la AEAT en el juicio
El juez consideró que había ‘utilizado’ su cargo y su presidencia del consejo de administración de Elsur para ‘obtener obras con Elsur, o con empresas o ayuntamientos contratados por Elsur’, para ‘beneficiarse de presiones en beneficio de personas o empresas del entorno’, o para ‘beneficiarse de presiones en beneficio de personas o empresas’ en su bodega agrícola, donde poseía ‘trabajadores, maquinaria’, Determinó que las obras se realizaron “con medios propios de Elsur, tales como trabajadores, maquinaria y materiales”.
Las valoraciones de los magistrados sobre el papel de José Alemán a la hora de “posibilitar la conducta delictiva” de la conspiración y cómo se benefició de ella fueron distintas.
‘No sólo incumplió sus deberes’, subrayaron, ‘sino que permitió que se produjeran los hechos en cuestión a cambio de cuantiosas recompensas económicas’.
Detallaron cómo creó empresas, directamente o a través de familiares, para ‘lucrarse ilícitamente y generar importantes ingresos’ y posteriormente ‘invirtió en la formación de un importante patrimonio inmobiliario, obteniendo coches de lujo, valores mobiliarios y gastos suntuarios’.
La sentencia señala que el “principal medio” para la obtención de ingresos era una sociedad denominada Sistemas de Dirección SL, que realizaba una “facturación ficticia” y a través de este esquema “simulaba el pago de servicios prestados”. El Tribunal del Estado también condenó a su mujer a tres años y tres meses de prisión por malversación de caudales públicos.
La sentencia también consideró que Abengoa, junto con otro socio privado de El Sur S.A., Ajesa S.A. (defraudada en 15,5 millones de euros) y los subcontratistas de los empresarios José Amate y Juan Antonio Galán (que obtuvieron fraudulentamente 24,6 y 15,6 millones de euros), habían prestado “inexistentes y ficticios ‘ servicios de apoyo a la gestión a El Sur, y concluyó que El Sur había causado un “perjuicio económico” al Ayuntamiento al cobrárselo directamente como parte de sus honorarios anuales. Consideró que, junto con los tres directores gerentes de la empresa mixta, eran los colaboradores necesarios en la malversación de dinero público.
Debido al estallido de la pandemia, el juicio del caso Macrocase se prolongó durante 18 meses desde su inicio, con una serie de cambios de calendario. Debido a la necesidad de mantener la distancia interpersonal, la vista oral se trasladó al Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, Roquetas de Mar, con una inversión adicional de 44.000 euros.
