VALÈNCIA (EP). El PSOE ha mantenido su baza de la posibilidad de una repetición de elecciones en sus negociaciones con los independentistas catalanes sobre la investidura de Pedro Sánchez, para evitar un referéndum de autodeterminación. Responsables del partido han afirmado que “no vamos a llegar ahí” y que ése es el límite ante las exigencias de ERC y Junts.
Fuentes de Ferras y Moncloa explican también que, aunque confían en que finalmente llegue al poder un Gobierno de Sánchez y se alcance un preacuerdo con los partidos catalanes, la posición expresada por el PSOE en los últimos días es la de dejar claro que no piensa aceptar todas las exigencias.
También señala que hay tres negociadores, repartidos entre los distintos partidos y que dependen directamente de Sánchez. Aunque no dan nombres, se centra en María Jesús Montero, ministra en funciones de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE; Félix Bolaños, ministro en funciones de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; y Santos Serdán, ministro de Organización. En este sentido, indican que se está negociando con los partidos políticos que estarían dispuestos a concederles la unción.
Ambos dirigentes del partido se refirieron al comunicado conjunto emitido por el PSOE y el PSC a última hora de la tarde del jueves, en el que advertían a ERC y Junts de que “no es posible avanzar” por el camino de la ruptura y la discordia, al tiempo que insistían en el “diálogo” como única vía para garantizar la convivencia en Cataluña.
No había ninguna referencia explícita a este texto, pero se emitió poco después de que ERC y Junts aprobaran una resolución en el Parlamento catalán en la que ponían como condición para la unción de Sánchez que éste “se comprometiera a hacer esfuerzos para hacer efectivas las condiciones” para la celebración de un referéndum sobre la cuestión de la independencia en esta comunidad autónoma.
Además, para disipar dudas, el líder del PSC, Salvador Ila, rechazó el referéndum del viernes como precio de la investidura de Sánchez, advirtiendo de que volvería a pasar por las urnas si fuera necesario.
Así, según las fuentes, tanto el comunicado conjunto como las palabras de Ila pretendían dejar claro a los independentistas el camino que no podían seguir. ‘Tenemos un camino que no podemos tomar’, dijo un alto cargo del Partido Socialista. Otro utiliza una expresión diferente para transmitir la misma idea.
Así, aunque se sienten incómodos con la resolución de ERC y Junts (que consideran un gesto fuera de lugar que no debería hacerse en este momento de las negociaciones), tratan de restarle importancia y no creen que sea suficiente para hacer descarrilar las conversaciones.
Es decir, confían en que las negociaciones lleguen a buen puerto y se forme un Gobierno presidido por Sánchez, pero quieren dejar claro que la posibilidad de nuevas elecciones en enero es una posibilidad real. Uno de los ayudantes de Sánchez afirma: “Tienen que saber que la opción de las elecciones sigue abierta”.
De esta forma, el PSOE pretende transmitir que no tiene intención de acceder a todas las exigencias que se están poniendo sobre la mesa, que incluyen básicamente el citado referéndum y la amnistía para los procesados, tal y como manifestó Puigdemont a principios de septiembre.
Sin embargo, la firmeza expresada respecto al referéndum desaparece cuando se pregunta por la amnistía. Nadie quiere hablar del tema y pide que se espere a que el Rey ordene a Sánchez realizar la ceremonia de investidura. Tampoco hay certeza sobre la fecha de la ceremonia de investidura, y las fuentes consultadas creen que las incertidumbres no se resolverán pronto. En concreto, señalan que, como resultado de las conversaciones con el Rey, se ha dado un voto de confianza al presidente Sánchez, pero es posible que no se fije la fecha de la votación en el Parlamento.
También señala que el mensaje que el presidente en funciones y el candidato del Partido Socialista trasladarán al Rey Felipe VI es la apertura de negociaciones y la posibilidad de obtener una mayoría.
En este sentido, Ferras trata de sacudirse la presión y afirma que no tiene sentido poner “límites” o “deberes” para los próximos 15 días, puesto que ya hay una fecha límite, el 27 de noviembre, para el nuevo presidente. De lo contrario, se disolverán las Cortes y se convocarán nuevas elecciones”.
