Washington La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el miércoles las “medidas represivas” adoptadas por el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, contra “instituciones educativas y la Iglesia católica”.
En una resolución adoptada por consenso, la OEA pide también el “restablecimiento de los derechos fundamentales” y la “protección de la educación como pilar básico para el desarrollo y el progreso social” en el país.
Nicaragua afronta una grave crisis desde las protestas antigubernamentales de 2018 que dejaron unos 300 muertos; la situación empeoró cuando Ortega fue reelegido en los comicios de 2021 y sus rivales encarcelados o exiliados.
Es probable que Nicaragua no cumpla con la solicitud de la OEA, ya que debe retirarse formalmente en noviembre, a petición de Ortega, en protesta por la decisión de la OEA de no reconocer los resultados de las elecciones de 2021.
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Numerosas organizaciones no gubernamentales han sido clausuradas por el Gobierno de Managua desde 2018; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la OEA, ha registrado que “a 3.390 organizaciones de la sociedad civil se les revocó su personería jurídica” tras las protestas de 2018, incluidas las acusadas de ser un “centro de terrorismo Más de 10 universidades fueron incluidas, entre ellas la Universidad Centroamericana y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, acusadas de ser ‘centros de terrorismo’.
El Gobierno de Ortega ha tenido problemas con la Iglesia: según la CIDH, el obispo Rolando Álvarez es uno de los más de 10 sacerdotes que han sido ‘privados arbitrariamente de su libertad’ y están ‘aislados y su salud afectada’.
A la CIDH también le preocupa la expulsión de comunidades indígenas, en particular del partido político indígena Yatama, y la detención de dos de sus miembros, pero este asunto no se mencionó en la resolución de la OEA, ya que las negociaciones tuvieron lugar antes del anuncio.
Dada la gravedad de la situación, la CIDH decidió preparar un informe especial sobre Nicaragua, que se presentará el 9 de noviembre. En él se hace un llamamiento a los países de América Latina y el Caribe para que “faciliten el acceso a los programas y servicios educativos” a los nicaragüenses, ya que más de 37.000 estudiantes y miles de académicos se ven afectados.
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También pide a estos países que “exijan al Estado el cese de la represión” en Nicaragua, donde el “colapso del sistema democrático” se está llevando a cabo mediante la “imposición de un estado policial”.
A pesar de las anteriores resoluciones de la OEA en las que se pide a Nicaragua que ‘respete y garantice los derechos humanos’, Ortega y su esposa Rosario Murillo han ignorado hasta ahora estas peticiones.
