El Gobierno prevé dejar pasar un año más sin ajustar los ingresos a la inflación y busca mejoras para aumentar la recaudación.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024, el último del actual Gobierno, muestra a las autoridades inmersas en un escenario de ‘laissez-faire’ fiscal, en el que la necesidad de aumentar los ingresos obliga a dejar pasar un nuevo periodo sin aplicar los impuestos aprobados hace diez años.
El escenario presupuestario para 2024 es similar al de la última década, con el Ejecutivo pidiendo permiso o exenciones a la Asamblea Nacional para mantener figuras suspendidas, como el impuesto de matriculación, calculado en el 1% del precio del vehículo, y la aplicación de un impuesto único de 12.000 rands anuales al sector minorista.
Durante los últimos seis años, el poder ejecutivo también ha comunicado a la Asamblea Nacional su decisión de no indexar ni aplicar el ajuste por inflación al importe de la renta personal no imponible, además de plantear la imposibilidad de reducir el tipo general del ITBIS del 18% al 16%, tal y como establece la Ley 253-12.
Todas estas solicitudes de exenciones ya se han convertido en referencias generales en los diferentes proyectos de presupuesto presentados desde el 2014, y se mantienen para el 2024.
Situación actual de las finanzas de RD
En la exposición de motivos del PGE 2024, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y su Dirección General de Presupuesto (Digepres), explica la situación de las finanzas públicas.
“En el corto y mediano plazo es indispensable incrementar el nivel de recaudación de ingresos para cumplir con los compromisos de inversión en áreas clave como infraestructura, seguridad alimentaria, servicios de salud, educación, seguridad social, medio ambiente, inclusión, protección social y otros servicios esenciales que necesita la sociedad”, señala el análisis macroeconómico. análisis macroeconómico.
Sin embargo, hasta ahora, los mecanismos que se han mencionado como mecanismos a aplicar son en su mayoría medidas de carácter administrativo para mejorar la eficiencia de los ingresos. Estas medidas son entonces responsabilidad básica de las dos principales agencias de ingresos del gobierno, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA).
Según el informe, las medidas aplicadas por parte de la DGA se centran en la “continuación de la implementación de la Ley No 168-21 de Administración Aduanera y sus reglamentos”, que tiene como objetivo proporcionar mayor previsibilidad, transparencia y seguridad jurídica en las operaciones de comercio exterior de mercancías, y eliminar la dispersión normativa que existía antes de la promulgación de la Ley. Tiene como objetivo complementar la Ley Aduanera con miras a resolver la dispersión normativa que existía antes de la promulgación de la Ley, a fin de brindar mayor previsibilidad, transparencia y seguridad jurídica a las operaciones de comercio exterior de mercancías.
La DGII es responsable de la implementación de la Ley No. 32-23 sobre Facturación Electrónica en la República Dominicana, que amplía el uso de la factura electrónica.
Además, a través de la creación de un grupo de trabajo interinstitucional, continuará con la política de registro formal de los contribuyentes que realizan sus labores sin estar formalmente registrados ante la administración tributaria.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo, de conformidad con lo establecido en la Ley No. 253-12, del 9 de noviembre de 2012, sobre el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado para la sostenibilidad fiscal y el desarrollo sostenible, no ha alcanzado la meta de presión tributaria del 16% establecida en la Ley No. 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo hasta 2030, por lo que el ITBIS comunica al Parlamento la decisión de la Administración tributaria de “mantener el tipo impositivo en el 18% y el tipo del impuesto sobre el patrimonio en el 1%” en el PGE 2024. (El proyecto de ley prevé que la presión fiscal será del 15,2% del PIB en 2024). También ha decidido no aplicar el impuesto anual de explotación de R$ 12.000,0 al año a los establecimientos minoristas, previsto en el artículo 47 de la Ley nº 253-12, y el impuesto del 1 por ciento sobre la circulación de automóviles (ICV), previsto en el artículo 15 de la misma ley.
Asimismo, para compensar el retraso en el reflejo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el impuesto, ciertos ISC sobre hidrocarburos no serán indexados de acuerdo con las disposiciones de la Ley 112-00 y sus modificaciones.
Además, se mantendrá el cobro de los dividendos del Banco de Reservas, los aportes del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadoras (Fonper) y las transferencias de capital de las Empresas Públicas no Financieras (EDES).
Evolución futura.
El proyecto de PGE 2024 subraya que las previsiones de ingresos fiscales para el período 2024-2027 seguirán en línea con la eficiencia de la recaudación fiscal por parte de las autoridades tributarias, estabilizándose la presión fiscal en torno al 15,4% del PIB previsto.
La justificación de las perspectivas macroeconómicas se basa en estudios y estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) basados en una comparación de la presión fiscal media en los países de la OCDE.
Según esto, la presión fiscal media en América Latina es del 24,2%, lo que supone 16,3 puntos porcentuales (p.p.) más que la media de los países de la OCDE y 14,5 puntos porcentuales (p.p.) más que la media de 40 países industrializados para el periodo 2010-2023.
En contraste, los documentos que sustentan el PGE 2024 muestran que en la base de datos del FMI, la presión fiscal promedio en República Dominicana es de 14.4%, superior sólo a Costa Rica (14.0%) y Guatemala (11.6%) en la serie histórica relevante, y a la región latinoamericana, países desarrollados, Destaca que se ubican en 9,8, 24,4 y 26,1 puntos porcentuales frente al promedio de los países de la OCDE, respectivamente.
‘Por lo tanto, a menos que se produzcan cambios estructurales en el sistema tributario de la República Dominicana, que tiene la segunda presión tributaria más baja de América Latina, se deben seguir haciendo esfuerzos excepcionales para al menos acercarse al promedio de recaudación tributaria de América Latina. Esto es esencial para lograr la sostenibilidad fiscal, incluso a través de la reducción y consolidación de la deuda pública.
De acuerdo con las consideraciones del Ministerio de Hacienda, “a fin de garantizar la sostenibilidad de las proyecciones de recaudación, es necesario destacar que cualquier nueva legislación que afecte negativamente estas proyecciones debe identificar la fuente de compensación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley N º 253-12 del 9 de noviembre de 2012”.
A la espera de que se tomen medidas
El Ministerio de Hacienda señala que, ante la necesidad de sostenibilidad de los ingresos tributarios corrientes, los organismos recaudadores continuarán aplicando las medidas administrativas que han estado vigentes en períodos anteriores, pero las intensificarán en el ejercicio 2024.
“En este sentido, se destacan las siguientes medidas para el caso especial de la Dirección General de Aduanas:
I. I. I. Modernizar la operativa aduanera continuando con el proyecto Motor Estratégico de Riesgos Fase II y actualizando el sistema para incorporar de forma flexible nuevas normativas y procesos comerciales basados en las mejores políticas disponibles.
II. Seguir promoviendo el despacho de aduanas en 24 horas para reducir los costes y la congestión para los importadores.
III. IV. Promover a la República Dominicana como centro de operaciones logísticas (hub logístico), actuando como puerta de entrada para Centroamérica y el Caribe en su conjunto, a través del conocimiento del marco legal actualmente en discusión.
IV.Mejorar la infraestructura técnica de esta Dirección General para simplificar y automatizar sus servicios, con el objetivo de agilizar procesos, ahorrar tiempo y reducir costos.
En este mismo sentido, la primera de las medidas políticas y administrativas que la Dirección General de Impuestos Internos continuará implementando es la siguiente
Una revisión completa de la Parte 1 del Código Tributario con el fin de adaptar esta legislación a los tiempos actuales. Estas modificaciones se refieren, entre otras cosas, a la simplificación de las liquidaciones de impuestos por parte de los contribuyentes y a la concesión de garantías y derechos a los contribuyentes.
Además, se proponen cambios significativos en la gestión administrativa del sistema tributario, incluyendo la implantación del Catálogo de Derechos de los Contribuyentes, la reducción del recargo al 3%, la introducción de intereses a favor de los contribuyentes en las devoluciones por retrasos administrativos, la implantación de la administración electrónica para mejorar la eficiencia del servicio, la introducción y mejora de los instrumentos de facilitación tributaria y la mejora de los procedimientos de compensación Estos cambios pretenden simplificar y agilizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
