WASHINGTON – Fiscales y jueces guatemaltecos exiliados expusieron el miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el deterioro judicial y democrático de Guatemala.
Las protestas en Guatemala llevan semanas exigiendo la dimisión de Porras, sancionada por Estados Unidos por intentar intervenir en el resultado de las elecciones presidenciales que ganó en enero Bernardo Arévalo de León, el posible sucesor de Alejandro Jeanmattey, por parte de la fiscalía que dirige.
En una audiencia ante la CIDH en Washington, la ex magistrada Claudia Escobar Mejía, en representación del Asilo de Solicitantes de Asilo, denunció el deterioro del sistema judicial guatemalteco y la persecución de funcionarios judiciales acusados de corrupción por el poder político.
Acusó a Porras de apoderarse de la Fiscalía General, desmantelar los esfuerzos anticorrupción de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y utilizar el sistema de justicia penal contra funcionarios judiciales, fiscales, periodistas, opositores políticos y defensores de los derechos humanos.
En la audiencia se citaron los casos de la abogada Claudia López y del periodista José Rubén Zamora, encarcelados en causas que, según las organizaciones de derechos humanos, fueron fabricadas por la fiscalía.
La fiscalía también acusó a las autoridades electorales y al Partido Movimiento Semilla de perseguir y poner en peligro sistemáticamente el proceso electoral con el objetivo de impedir a toda costa la toma de posesión del presidente Arévalo de León el próximo enero.
Por estos motivos, el ex fiscal guatemalteco Juan Francisco Sandoval instó a Guatemala a cesar inmediatamente la persecución de la oposición y a incluir al país, junto con Cuba, Venezuela y Nicaragua, en el capítulo 4B de su informe anual por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, CIDH. La CIDH solicitó al
Alejandro Contreras, Presidente de la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos, en representación del Estado guatemalteco, abrió la puerta al diálogo, pero negó que en Guatemala se criminalice y acose a ex funcionarios de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos.
Contreras determinó que el Estado no es responsable de la deportación de ex fiscales y jueces, ya que Guatemala respeta los derechos humanos de todos sus residentes.
También afirmó que las últimas elecciones presidenciales se llevaron a cabo con éxito y que la transición de poder se está desarrollando sin problemas.
La Directora Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneum, criticó la intervención, señalando la disociación entre el escenario estatal guatemalteco y el debilitamiento de las instituciones que la Comisión ha visto en Guatemala.
El presidente electo Arévalo de León, que denunció el golpe de la Fiscalía, se encuentra en Washington para tratar la situación de Guatemala con el Departamento de Estado de EE.UU. y con miembros del Congreso.
