Santiago – La jueza Iris Borghe, de la Oficina Judicial del Servicio de Atención Permanente de esta jurisdicción, ha aplazado para el jueves 16 de noviembre la vista de la acción de ejecución contra 16 implicados en la Operación Colibrí.
La vista, que se celebraba en la sala de vistas del Tercer Juzgado de Instrucción debido al gran número de implicados, fue aplazada a petición de los abogados para presentar el presupuesto y examinar los expedientes.
Según el escrito de acusación, en la operación Kolibri, los implicados están acusados de fraude vinculado a la falsificación de documentos oficiales, puesta en peligro de la seguridad jurídica y menoscabo de la confianza institucional, así como violación del sistema nacional de registro civil.
Los delitos cometidos por esta organización, que atacó principalmente el sistema de la Comisión Electoral Central, se detallan en una solicitud de medidas de coerción de más de 200 páginas, en la que el Ministerio Público pide que permanezcan en prisión preventiva durante 18 meses y que se complique el procedimiento.
Los implicados falsificaron documentos oficiales, entre ellos partidas de nacimiento, documentos de identidad, títulos universitarios y de propiedad, permisos de conducir y permisos para portar armas.
La investigación de la Operación Colibrí, coordinada por la Fiscalía de Santiago, la Fiscalía General y la Policía Nacional, se realizó con el apoyo de la Junta Electoral Central.
Durante la investigación in situ se incautaron pruebas irrefutables que acreditaban la implicación de los detenidos en el caso, entre ellas, plásticos para la impresión de cédulas de identidad, carnés y licencias, así como títulos de propiedad falsificados.
Además, entre lo incautado se encontraron dispositivos electrónicos utilizados para borrar datos de documentos originales y expedir carnés de identidad y DNI a nombre de terceros.
Los acusados son Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elias Ceballos Ramos, Ana Delia Isidora Tavares Soto, Tomás Emmanuel Rojas Guzman y Julio César Almonte Espinal, Arsenio Rafael Reyes, Yanuel Morales, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Melán, José Rosario Marte, José Alfonso Acevedo García, José Miguel Cruz Hiraldo y Rubén Amauriz Ramírez, Rubén Darío Núñez Ortega y José Carlos Montero Troncoso (este último funcionario de la Junta Electoral Central).
Tenían en su poder documentos plastificados y sellados de diferentes organismos, entre ellos el Poder Judicial, el Banco de Reservas, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTRANT) y la Autoridad Competente Inmobiliaria de Santiago.
También falsificaban y apostillaban documentos para poder utilizarlos en el extranjero.
Algunos de los acusados operaban en las inmediaciones de las oficinas de la JCE y ofrecían diversos servicios a los ciudadanos para falsificar documentos a cambio del pago de cantidades que oscilaban entre las 5.000 y las 20.000 pesetas, dependiendo del tipo de documento requerido.
