Hace unos días se firmó un contrato plagado de falsedades, por el simple hecho de no cumplir con el debido proceso para la adquisición de concesiones.
Se trató de una decisión inconstitucional, carente de transparencia, que la ciudadanía no conoció hasta el momento de su anuncio, y que se hizo sin escuchar a la sociedad y a los diversos actores involucrados, con la excusa de que el actual contrato no deja beneficios al Estado dominicano.
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La empresa, que hoy supuestamente no beneficia al Estado dominicano, fue aprobada por el Parlamento hace más de 20 años, y los senadores de entonces son hoy ministros y directores en el Gobierno de Abinader.
La consulta y negociación de las concesiones para el manejo de esos aeropuertos queda en manos del Gobierno, que será inaugurado el 16 de agosto de 2028, para negociar mejor con quienes son los beneficiarios nacionales de esas terminales, en referencia a las cifras de pasajeros que se espera alcancen los 12 millones anuales.
Bajo un esquema de licitación internacional transparente, competitivo y legítimo, Abinader estaría aportando más de 6 mil millones de dólares al Estado, en lugar de los 2 mil millones que aceptó como válidos.
En otras palabras, la pregunta que hay que responder al pueblo dominicano es ¿por qué ahora, qué sentido tiene renegociar hoy cuando a la concesión aún le quedan siete años de vigencia?
¡Esto es lo que realmente quiere saber el pueblo dominicano!
Los candidatos del PRM que han declarado públicamente que el dinero es para su propio bien, están tratando de privar a las futuras generaciones de recursos para un trabajo que no tienen ninguna intención de llevar a cabo. Este es un acto más de prometer no hacer nada durante tres años y tres meses y tratar de reelegirse a cualquier costo.
Además, si, como ha afirmado el Presidente, la empresa que gestiona los aeropuertos estatales actualmente concesionados no está cumpliendo con las inversiones necesarias, lo correcto no es renovar las concesiones siete años antes de que venzan, sino ordenarlas después de evaluar el desempeño de la actual concesionaria La forma de hacerlo.
Esto es lo opuesto al poder de integridad que pregona el Presidente de la República como lema de su campaña reeleccionista, lo cual son palabras vacías, ya que en realidad no está actuando de buena fe para proteger los intereses del país.
El pueblo dominicano no aceptará negociaciones entre OPACA y HIDDEN que afecten la propiedad del pueblo dominicano.
En conclusión, no es conveniente realizar una falsa renegociación del actual contrato de concesión bajo una ley aprobada por el voto mayoritario del partido de gobierno que elimina todo principio de eficiencia, igualdad, libre competencia, transparencia e interés público, impidiendo que los candidatos presidenciales participen al máximo en un proceso que debe ser abierto, crear un monopolio en el que el Estado pueda elegir al mejor postor para la nueva concesión.
Señor Presidente, en esta ocasión le toca hacer lo que mejor sabe hacer: