La asociación de pilotos llamó al gobierno a la sensatez, al cumplimiento de las normas y, sobre todo, a participar en propuestas distintas a las ya planteadas por Aerodom.
La Asociación Nacional de Pilotos (ANP) opinó que la renegociación del contrato con Aerodom para la administración de los seis aeropuertos del país es una acción apresurada y poco meditada que podría atentar contra los intereses reales de los usuarios del sistema aeronáutico nacional.
En una comunicación al presidente Luis Abinader, el Consejo de la ANP expresó que esta acción del Gobierno es una decisión acelerada, sin reglas claras y sin ser considerada por la Asamblea Nacional, y que aumentaría la carga impositiva sobre el transporte aéreo.
Los actores de la aviación llamaron al Gobierno a la sensatez, al cumplimiento de las normas y, sobre todo, a participar en propuestas distintas a las que ya se sabe que impondrá Aerodom.
El gremio insistió en que se haga público el monto de la inversión de desarrollo en la infraestructura de los aeropuertos adquiridos y que exista una regulación y supervisión clara y transparente de las tasas impositivas para que los contratos no se conviertan en una trampa que se hipoteque por 37 años.
La Asociación Nacional de Pilotos también hizo un llamamiento a los legisladores para que sean prudentes y responsables con los intereses del Estado a la hora de considerar y aprobar contratos que, en última instancia, podrían perjudicar los intereses de los contribuyentes y de los usuarios del sistema aeroportuario.
Hay que subrayar que mientras existan las elevadas tasas aeroportuarias actuales, nunca será posible disfrutar de un precio justo para el transporte aéreo.
El pasado martes, el presidente Luis Abinader anunció la renegociación del contrato de concesión con Aerodom, firmado en 1999.
La renegociación aportará a la República Dominicana entre 1.905 y 2.155 millones de dólares, anunció el Presidente.
El proyecto será sometido a la Asamblea Legislativa para la necesaria aprobación del Congreso.
Las negociaciones fueron supervisadas por un comité compuesto por funcionarios públicos y miembros reputados de la sociedad, entre ellos Franklin Báez Bulgar, Juan Llado, Fernando Enrique, Pedro Silverio, Jorge Luis Polanco y Joel Santos, Ministro de Asuntos Presidenciales.
El acuerdo prevé un primer pago o canon de 775 millones de USD al Estado por el derecho a explotar la concesión durante el período de prórroga de la misma, 830 millones de USD para la renovación de los seis aeropuertos objeto de la concesión, incluido el Aeropuerto Internacional de Las Américas (Aeropuerto José Francisco Peña Gómez), y 300 millones de USD para otros. a una contribución variable estimada en 550 millones de USD.
