SAN JUNA, Puerto Rico (Tomado El Nuevo Día).– El secretario de Justicia, César Miranda, anunció esta tarde que no estarán presentando argumentos defendiendo la constitucionalidad del artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico que limita la composición matrimonial a un hombre y una mujer.
De este modo, Justicia “allana” el camino para que en Puerto Rico se reconozcan los matrimonios entre personas del mismo sexo.
“Nuestro argumento es que no es posible comparecer a defender la constitucionalidad del artículo 68 del Código Civil”, sostuvo Miranda.
Los argumentos legales de Justicia se dan en el último día que tenían para contestar los argumentos de unas cinco parejas que apelaron al Primer Circuito de Apelaciones en Boston del Tribunal Federal, una determinación del juez Juan Pérez Jiménez desestimando una demanda en la que solicitaban que se declarara inconstitucional este artículo del Código Civil.
Miranda explicó que Justicia había defendido “con dudas” la constitucionalidad del estatuto ante Pérez Jiménez. Afirmó que desde esa argumentación se han resuelto cuatro casos en tribunales apelativos declarando inconstitucional estatutos similares al de Puerto Rico que restringían el matrimonio a relaciones entre un hombre y una mujer.
Miranda aceptó que si el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones en Boston determina la inconstitucionalidad del artículo, podría abrirse la puerta a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo en Puerto Rico. Es decir, el asunto no se limitaría a validar los matrimonios contraídos en jurisdicciones donde en la actualidad se permite este tipo de unión.
“Ya cuatro tribunales apelativos se han manifestado en contra de prohibiciones similares. A este momento 38 jurisdicciones de los Estados Unidos reconocen el matrimonio del mismo sexo y las restantes han sido emplazadas”, afirmó Miranda.
El secretario afirmó, además, que en su plano personal entiende que el Estado no debe tener injerencia en asuntos tan íntimos como la preferencia sexual de una persona, la persona que elige amar o su identidad.
Del mismo modo, expresó que el gobierno debe reconocer los mismos derechos a una vida plena de las personas independientemente de su sexualidad. En el caso del matrimonio, este contrato civil permite que las parejas tengan derecho a formar sociedad de bienes gananciales, obtener servicios médicos conjuntos, herencias, pensiones, entre otros asuntos que suelen ser de importancia para los matrimonios entre heterosexuales.
“Los tiempos cambian”, afirmó Miranda.
Esta mañana, el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) celebraba que el gobierno se allanara a la petición del reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, asunto que posiblemente se anuncie en una conferencia de prensa en la tarde de hoy en el Departamento de Justicia.
“La equidad para las comunidades LGBTT se estáganando paso a paso. La decisión de hoy del gobierno no tiene un efecto automático en el resultado final del caso, pero envía un mensaje importante al país: cuando se trata de derechos humanos hay que hacer lo correcto. Y lo correcto hoy era dejar de defender lo indefendible, el discrimen y la desigualdad institucionalizadas a través de un artículo de nuestro Código Civil que impedía a personas de las Comunidades LGBTT decidir libremente si quieren casarse o no”, expresó Amarilis Pagán Jiménez, portavoz de CABE y directora ejecutiva de Proyecto Matria.
Hace una semana el liderato de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, encabezado por el presidente Eduardo Bhatia, anunció su intención de unirse como “amigos de la corte” en respaldo a la posición de la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU) a favor del reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo.
En mayo de 2012, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció la determinación de dejar de respaldar el estatuto federal -DOMA, por sus siglas en inglés- que solo reconocía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
En junio de 2013, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucional la ley DOMA, al determinar que niega la igualdad de las personas que protege la quinta enmienda de la Constitución estadounidense.
A partir de entonces ha crecido el respaldo a la anulación de estatutos que impedían en Estados Unidos el matrimonio gay, el cual ya se reconoce en tres cuartas partes de los estados, así como en 17 países.
En Puerto Rico, el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo ha sido matizado en gran medida por posturas de algunos religiosos conservadores que entienden que el matrimonio solo puede ser compuesto por un hombre y una mujer.
