La posibilidad de que el gobierno de la República Dominicana esté considerando cobrar a los inmigrantes ilegales por la atención médica ha alarmado a los expertos en salud, quienes dicen que esto viola la ética, la ley y la constitución.
Para algunas personas, la cuestión de las tarifas es más que eso. La inmigración ilegal debe ser regulada porque el derecho a la salud está consagrado en la Carta Magna. Dr. Pedro Ramírez Slaibe, experto en seguridad social y sistemas de salud, cree que es necesaria una reflexión basada en la racionalidad jurídica, económica y médica. De igual forma, se debe evitar reaccionar emocionalmente ante las recientes declaraciones del presidente Luis Abinader. «Cobrar a los inmigrantes ilegales por la atención sanitaria plantea graves conflictos regulatorios y legales y tiene consecuencias económicas, sociales y sanitarias que deben ser sopesadas». El argumento es que el gobierno estaría reconociendo a los inmigrantes ilegales en el sistema legal si decidiera imponerles una tarifa. Sin embargo, un contrato de prestación de servicios requiere la capacidad jurídica de ambas partes.
Para poder exigir pagos, el Estado debe otorgar reconocimiento legal, lo que contradice su carácter «ilegal». Para personas sin papeles. Se plantea la cuestión de si se reconocen como derechos fundamentales sino como obligaciones económicas impuestas. Este conflicto podría dar lugar a demandas judiciales y dificultades de aplicación y podría constituir una violación de la Constitución. El artículo 61 garantiza la salud como un derecho fundamental.
Otras reacciones
Otro experto asegura a Hoy que cobrar por los servicios de salud a los inmigrantes ilegales creará grandes obstáculos para el acceso a servicios de salud básicos y preventivos. Muchos inmigrantes evitan buscar atención médica por temor al costo o a ser denunciados ante las autoridades de inmigración.
La falta de prevención y tratamiento oportuno de enfermedades crónicas e infecciosas puede conducir a complicaciones de salud.
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