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Santo Domingo. – Poco más de un mes después de asumir la presidencia, el 27 de febrero de 1963, el gobierno del profesor Juan Bosch tuvo que afrontar una creciente oleada de críticas, provenientes de la prensa, la Iglesia Católica, el empresariado, e incluso las Fuerzas Armadas, lo que evidenció el temprano deterioro de la gobernabilidad democrática en la recién estrenada administración. La controversia empezó a intensificarse cuando los periodistas Germán Emilio Ornes, director del diario El Caribe, y Rafael Bonilla Aybar iniciaron una campaña denunciando supuestas violaciones a la libertad de expresión por parte del gobierno. En la primera semana de abril, las críticas se agudizaron, llegando a su punto más tenso el 6 de abril, cuando Bonilla Aybar fue arrestado frente a las instalaciones de la televisora Rahintel, en el Distrito Nacional, por agentes del servicio secreto de la Policía Nacional y trasladado al Palacio policial. El arresto desató una fuerte reacción mediática. Las páginas de El Caribe continuaron denunciando atropellos a la libertad de prensa, lo que llevó al presidente Juan Bosch a desmentir públicamente dichas acusaciones. El 10 de abril, en una entrevista concedida al periodista Rafael Santiago del periódico El Mundo de Puerto Rico, Bosch afirmó que en su gobierno no se violaba la libertad de expresión y que, por el contrario, se garantizaban la democracia y los derechos humanos. Te recomendamos leer: Juan Bosch firma acuerdo para la devolución RD$22 MM de fondos embargados por EE.UU. a gobierno de Trujillo Sin embargo, las críticas persistieron. El 20 de abril, Bosch y el director de El Caribe, Germán Emilio Ornes, intercambiaron una serie de cartas en las que el mandatario negó rotundamente cualquier intento de coartar la libertad de prensa. Días más tarde, el 25 de abril, Bosch volvió a rechazar las acusaciones, y sostuvo que Ornes buscaba ridiculizar al gobierno a través de una entrevista concedida al periódico The San Juan Star, en Puerto Rico. Las tensiones no se limitaron a los medios de comunicación. En abril también empezaron a manifestarse fricciones con la Iglesia Católica, a raíz de la promulgación de la nueva Constitución, que establecía principios como la libertad de culto, la separación entre Iglesia y Estado y omitía referencias al Concordato firmado durante la dictadura de Trujillo. En respuesta, sectores eclesiásticos organizaron mítines de reafirmación cristiana, en rechazo al nuevo marco constitucional. El 25 de abril de 1963, la Conferencia del Episcopado Dominicano emitió una declaración oficial en la que criticó duramente la Constitución, calificándola de contraria a los derechos de Dios y de la Iglesia. A la par, sectores de la oposición política y sindical también comenzaron a movilizarse. Se organizaron huelgas en la Sociedad Industrial Dominicana y en la Federación de Empleados Públicos e Instituciones Autónomas (FENEPIA), lo que generó un ambiente de inestabilidad. Aunque Bosch intentó abrir canales de diálogo y conciliación con algunos sectores, esto paralizó parte de su agenda de reformas, provocando divisiones internas dentro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), cuya base no logró articular una defensa efectiva del gobierno. El empresariado se sumó a las críticas, emitiendo comunicados y declaraciones contra las medidas adoptadas por el Ejecutivo. Al mismo tiempo, comenzaba a gestarse descontento en las Fuerzas Armadas, especialmente por la negativa del gobierno a reprimir movimientos de izquierda, así como por la resistencia a adquirir armamento y pertrechos militares. A menos de tres meses de asumir el poder en las primeras elecciones democráticas tras la caída del régimen de Rafael Leónidas Trujillo, el gobierno de Bosch enfrentaba ya una compleja combinación de presiones internas y externas que marcarían los meses siguientes de su breve mandato, el cual culminaría abruptamente con un golpe de Estado en septiembre de ese mismo año.
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