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MIAMI, Estados Unidos. – El presidente estadounidense, Donald Trump, tiene previsto establecer multas de hasta 998 dólares diarios a los inmigrantes con órdenes finales de deportación que no abandonen el país, contemplando la confiscación de sus bienes si no pagan. Esto se desprende de un informe exclusivo de la agencia Reuters basado en documentos oficiales y correos electrónicos del Gobierno.
La medida se fundamenta en una ley poco usada aprobada en 1996 y reactivada por primera vez durante el primer mandato de Trump en 2018. Ahora, su equipo planea aplicar las multas con carácter retroactivo hasta cinco años, lo que podría suponer sanciones de más de un millón de dólares por persona, según una fuente oficial que solicitó el anonimato.
“Si no lo hacen, afrontarán las consecuencias”, declaró Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al confirmar la política. “Esto incluye una multa de 998 dólares por cada día que el extranjero ilegal permanezca después de su orden final de deportación”.
La Administración también está considerando embargar propiedades de los migrantes que no puedan pagar. Una serie de correos revisados por Reuters señala que la Casa Blanca ha instado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a coordinar tanto las multas como las confiscaciones de bienes y la venta de activos.
La propuesta impactaría directamente a aproximadamente 1,4 millones de personas que ya cuentan con órdenes de remoción emitidas por jueces de inmigración. Muchos de ellos forman parte de lo que se conoce como “hogares de estatus mixto”, donde conviven indocumentados con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Según la organización FWD.us, este tipo de hogares suman unos 10 millones en el país.
El DHS ya había anticipado la medida con una publicación en redes sociales el pasado 31 de marzo, exhortando a los migrantes a “autodeportarse” utilizando una aplicación móvil renombrada por Trump como CBP Home.
Scott Shuchart, exfuncionario de políticas de ICE bajo la administración de Joe Biden, dijo a Reuters que, si bien los migrantes podrían apelar las multas ante los tribunales, el objetivo primordial de la política no sería tanto hacer cumplir la ley sino “infundir temor en las comunidades”.
“El objetivo no es realmente hacer cumplir la ley, sino sembrar el miedo”, afirmó.
El memorando interno de la CBP del 1 de abril advierte que sus sistemas actuales no están preparados para implementar estas sanciones migratorias y que adaptarlos implicaría “costos significativos y retrasos en su implementación”. Para llevar a cabo la iniciativa, se requerirían al menos 1.000 nuevos especialistas legales, en comparación con los 313 que existen actualmente.
Por su parte, la división de decomisos del Departamento de Justicia también podría participar en las incautaciones, según otra comunicación interna.
El programa podría tener consecuencias desastrosas para familias de bajos ingresos. El Instituto de Políticas Migratorias, con base en datos del Censo de 2019, estimó que el 26% de los hogares con inmigrantes indocumentados viven por debajo del umbral de pobreza federal.
A pesar de que muchos de los afectados tienen trabajos, familias y lazos establecidos en el país, Trump ha reiterado que quienes tengan una orden final de deportación deben ser removidos con prioridad.
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