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Greenbelt, Maryland, 11 de abril de 2025. — El Departamento de Justicia de Estados Unidos se negó a dar datos cruciales sobre Kilmar Ábrego García, ciudadano salvadoreño deportado y encarcelado en El Salvador, aun teniendo estatus migratorio regular y sin antecedentes penales.
La jueza federal Paula Xinis había ordenado al Gobierno facilitar el retorno de Ábrego tras un veredicto de la Corte Suprema emitido el jueves, que respaldaba su decisión. Sin embargo, en una audiencia este viernes, el Gobierno de Trump no cumplió el plazo para proporcionar la documentación pedida sobre el caso del joven salvadoreño, quien vivía legalmente en Maryland con su esposa y tres hijos.
En la audiencia, la jueza reprochó al abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, por la negativa de la Administración a cooperar con la Corte.
No estoy solicitando secretos de Estado,
— declaró Xinis.
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Estoy preguntando dónde está un hombre que fue deportado de este país de forma ilegal e incorrecta.
Ensign contestó que no tenía información que pudiera compartir.
Ante la falta de respuestas, la magistrada ordenó al Gobierno entregar un informe diario sobre el paradero de Ábrego y las acciones tomadas para facilitar su regreso.
Ábrego García, de 24 años, huyó de El Salvador tras ser amenazado por la pandilla Barrio 18, según documentos judiciales. A pesar de contar con protección migratoria en Estados Unidos y no estar involucrado en actividades delictivas, fue deportado bajo la acusación de pertenecer a la pandilla MS-13, una afirmación no probada judicialmente.
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La Corte Suprema, en su fallo del jueves, cuestionó severamente los argumentos del Gobierno para justificar la deportación y detención del joven, calificando el procedimiento como defectuoso y sin fundamento legal.
El Gobierno de Estados Unidos argumentó que el traslado de Ábrego fue un “error administrativo”, e indicó que no puede traerlo de vuelta porque está bajo custodia del Gobierno salvadoreño. La administración Trump tiene un acuerdo con el presidente Nayib Bukele para enviar migrantes a la prisión Cecot, conocida por las denuncias de violaciones a derechos humanos.
Como parte del convenio, Washington paga seis millones de dólares anuales a El Salvador para mantener este sistema penitenciario. Hasta ahora, se han deportado 232 migrantes, mayormente venezolanos, acusados de vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, un análisis de Bloomberg reveló que el 90 % de estos detenidos no tienen antecedentes penales en Estados Unidos.
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