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El presidente Luis Abinader interpreta el sentir de una sociedad acongojada por la tragedia en la discoteca Jet Set, al afirmar que “ahora hay que dar respuestas a qué pasó, por qué pasó y cómo pasó”, responsabilidad que será encomendada a un equipo de expertos nacionales e internacionales.
Una vez concluidos los trabajos de rescate y salvamento, con el trágico saldo de al menos 226 muertos y 189 sobrevivientes, corresponde ahora buscar respuestas a las causas de esa tragedia, con el compromiso de despejar cualquier duda razonable, para que los resultados disipen la legítima desconfianza ciudadana.
En ningún caso esas indagaciones deben basarse en apresuradas “cacerías de brujas”, pero tampoco en deducciones predeterminadas, ya que se busca llegar a resultados irrefutables, basados en comprobaciones científicas y forenses.
El Gobierno debe acoger la oferta de la Academia de Ciencias de integrar a la comisión investigadora a un grupo de sus expertos, como también las autoridades deberían solicitar asistencia técnica de otros países con experiencia en tragedias como la del 8 de abril.
Se debe aclarar que esa investigación oficial no tendría conexión vinculante con el ámbito jurídico a menos que sea dirigida por el Ministerio Público, instancia independiente del Poder Ejecutivo, aunque sus resultados tendrían validez como prueba accesoria en ámbitos penales y civiles.
El inmenso dolor acumulado por la pérdida de cientos de vidas no puede inhabilitar el manto constitucional de la presunción de inocencia que, en todos los actos del procedimiento, protege a personas físicas y jurídicas, aunque es posible indagar responsabilidades por negligencia o incumplimiento.
Las investigaciones sobre tan lamentable suceso deben comenzar de cero, con la mente en blanco y la conciencia comprometida a alcanzar la verdad irrefutable, sin ningún vestigio de discriminación ni privilegio, como los que en otros infortunios han oscurecido pesquisas prefabricadas.
Que ningún interés personal, político o corporativo se ponga por encima de la ley ni perturbe la proclama presidencial de que “ahora hay que dar respuesta a qué pasó, por qué pasó y cómo pasó”, sobre todo porque ese es el clamor de una sociedad profundamente dolida.
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