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El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, declaró este lunes, durante su visita a la Casa Blanca, que no planea retornar a Estados Unidos a Kilmar Ábrego García, salvadoreño cuya deportación a su país natal, admitida por el gobierno de Donald Trump como un “error”, lo mantiene actualmente preso en una controvertida cárcel de máxima seguridad.Respondiendo en inglés a preguntas de los reporteros junto al mandatario estadounidense, Bukele afirmó: “¿Cómo puedo devolver a un criminal a Estados Unidos? ¿Introducir a un terrorista ilegalmente?”.”La pregunta es absurda. No tengo la potestad de regresarlo a Estados Unidos”, continuó Bukele.Ante la pregunta de si consideraba liberarlo en El Salvador, también lo descartó. “No somos muy propensos a soltar a terroristas en nuestro país”, aseveró, pasando por alto que no hay evidencia de que Ábrego García haya sido acusado de ningún delito, ni en Estados Unidos ni en El Salvador.El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió la semana pasada que el gobierno debe “facilitar” el regreso al país de Ábrego, confirmando la orden previa de una jueza federal, quien determinó que la deportación de Ábrego ignoró una orden de un juez de inmigración de 2019, que dictaminó que no debía ser deportado debido al peligro para su seguridad si retornaba a El Salvador.Los abogados del Departamento de Justicia señalaron en el proceso que Ábrego fue deportado a causa de un “error administrativo”, aunque este lunes, Stephen Miller, segundo jefe de gabinete del presidente Trump, aseguró que la deportación no fue un error, sino que “fue el hombre correcto enviado al lugar correcto”.El caso de este ciudadano salvadoreño se ha convertido en uno de los más emblemáticos de las deportaciones masivas prometidas por Trump en su segundo mandato.El gobierno de Estados Unidos llegó a un acuerdo con el de El Salvador para encarcelar en prisiones salvadoreñas a inmigrantes irregulares y criminales recluidos en cárceles estadounidenses.Pero desde que comenzaron las deportaciones, han aumentado las denuncias sobre las autoridades estadounidenses que estarían enviando a El Salvador a personas sin historial delictivo.El caso de Ábrego García destaca por la batalla judicial que ha provocado y la resistencia del gobierno de Trump a acatar las órdenes judiciales.Según alegaron sus abogados en su expediente judicial, Ábrego llegó a Estados Unidos clandestinamente en 2011, huyendo de las amenazas de grupos criminales salvadoreños, para instalarse en Maryland con su hermano estadounidense.En 2019 fue detenido en las afueras de Washington mientras buscaba empleo en una cadena de tiendas de bricolaje.Los agentes de Inmigración lo acusaron de pertenecer a la mara salvadoreña conocida como MS-13, acusación que él siempre negó.En octubre de 2019, Ábrego logró que el tribunal suspendiera indefinidamente su deportación por el riesgo de sufrir violencia o torturas en El Salvador.Desde entonces, Ábrego trabajó en la industria metalúrgica en Estados Unidos y siguió con su vida, presentándose a las citas que las autoridades migratorias le exigían regularmente.Hasta que el 12 de marzo fue aprehendido, tras recoger a su hijo en casa de su abuela después del trabajo, y los agentes le comunicaron que ya no tenía protección para permanecer en Estados Unidos.Pocos días después, fue deportado a El Salvador e ingresado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel que el gobierno de Bukele construyó en las afueras de la capital salvadoreña, y que ha sido objeto de denuncias de hacinamiento y maltrato por organizaciones internacionales.La jueza federal Paula Xinis ordenó su retorno a Estados Unidos, argumentando que la acusación de pertenencia a la MS-13 se basó en una “única y no probada acusación”.Sin embargo, el gobierno de Trump alegó que no podía facilitar ese retorno y recurrió al Tribunal Supremo, aduciendo que la jueza pretendía atribuirse la dirección de la política exterior de Estados Unidos, competencia del presidente.La semana pasada, el Tribunal Supremo mantuvo la orden de la jueza Xinis.Este lunes, durante el encuentro entre Trump y Bukele en el Despacho Oval, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo que “le corresponde a El Salvador” decidir si retorna a Ábrego.
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