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Tallahassee – El abogado de la Fundación Hope Florida, el jueves, afirmó no poder responder preguntas sobre el destino de una donación de $10 millones hasta contratar a otro abogado.
Durante la primera reunión de la Junta Pública de Caridad, el abogado Jeff Aaron declaró que prefería no responder preguntas sobre la legalidad de la donación, debido a “acusaciones” en su contra.
Funcionarios de Florida “ordenaron” a Centene, contratista de Medicaid, que otorgara a la organización benéfica los $10 millones como parte de un acuerdo por sobrevaluación.
La donación y su paradero posterior han sido calificados de “ilegales” por algunos legisladores estatales, amenazando el futuro del programa Hope Florida y su brazo caritativo. El programa, impulsado por la primera dama Casey DeSantis, tiene como objetivo ayudar a los floridanos a abandonar la ayuda gubernamental.
Después de que la organización benéfica recibiera los $10 millones, el entonces jefe de personal del gobernador Ron DeSantis, comunicó a dos grupos sin fines de lucro, la petición de $5 millones de la Fundación, según el representante Alex Andrade, republicano de Pensacola, esta semana. El presidente de la fundación aprobó ambas subvenciones tras asesoramiento legal de Aaron.
Posteriormente, las dos organizaciones transfirieron $8.5 millones a un comité político controlado por James Uthmeier, quien entonces era jefe de personal. DeSantis nombró a Uthmeier fiscal general de Florida este año.
La reunión virtual del jueves, aplazada seis horas por la interrupción de imágenes racistas y pornográficas, debía abordar estos problemas.
La donación de $10 millones emergió cerca del final, cuando la miembro de la junta Stephanie White, abogada de adopción de Pensacola y esposa del ex representante estatal republicano Frank White, indagó al respecto.
“El elefante en la habitación es el acuerdo de $10 millones”, expresó White. “Me gustaría el consejo del abogado respecto a, ¿fue dinero público el que se usó?”. Preguntó si las acciones de la junta eran legales.
Aaron indicó que no podía discutirlo sin consultar a otro abogado, debido a las acusaciones de Andrade. Andrade planea solicitar el testimonio de Aaron en un comité de la Cámara la próxima semana.
“En vista de esas acusaciones, y el ruido que las rodea, probablemente traeré un abogado independiente para mantener todo en orden y evitar cualquier apariencia de incorrección”, dijo. “No tengo nada que esconder”.
Después de la reunión, sugirió que contratar a un abogado externo debería hacerse “por precaución”.
Andrade esta semana, sugirió que el uso del dinero por parte del estado “parece cada vez más una conspiración para usar dinero de Medicaid para pagar actividades de campaña”. Dijo que los fiscales federales deberían estar “preocupados”.
Al inicio de la reunión del jueves, Andrade recomendó que la junta solicitara la devolución de los $10 millones para no comprometer su estatus de caridad con el IRS, que prohíbe que las 501(c)(3) gasten una cantidad significativa en actividades políticas.
Los dos grupos que recibieron las subvenciones de $5 millones fueron Future Secure Florida, dirigido por Mark Wilson, CEO de la Cámara de Comercio de Florida, y Save Our Society from Drugs, con sede en St. Petersburg. Ambos son 501(c)(4), sin obligación de revelar a sus donantes.
“Creo que, basándome en la información recibida de Save Our Society from Drugs y Future Secure Florida, hubo un fraude para extraer esas dos subvenciones de $5 millones”, afirmó ante la Junta.
La miembro de la junta Tina Vidal-Duart, vicepresidenta ejecutiva del contratista estatal CDR Maguire, se hizo eco de los comentarios de White, abogando por la contratación de un abogado externo.
“Creo que deberíamos tener una opinión legal al respecto”, dijo.
