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El Foro Feminista, bajo la dirección de Magaly Pineda, manifestó este martes su indignación y rotundo rechazo a la política de terror implementada por el presidente Luis Abinader, puesta en marcha por el Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Dirección General de Migración. Esta política niega atención médica y somete a deportación inmediata a migrantes en República Dominicana por carecer de documentos migratorios.
A continuación, el comunicado íntegro de la entidad sobre el asunto:
El derecho a la salud es un derecho humano universal, cuyo ejercicio no puede estar condicionado al estatus migratorio de las personas, ni depender de la nacionalidad, género, raza, edad u otra condición. En República Dominicana, el derecho a la salud está salvaguardado por la Constitución y leyes como la 42-01 y la 87-01, que garantizan acceso equitativo y continuo a servicios de calidad para toda la población, incluyendo a migrantes. El Estado tiene el deber de asegurar cobertura médica sin discriminación.
Este protocolo, además de violar el derecho humano a la salud de personas muy vulnerables, perjudica a toda la sociedad dominicana al hacer menos eficiente el sistema de salud. Al perseguir a quienes necesitan y buscan atención médica, se incrementan las complicaciones, elevando la demanda de servicios de emergencia, hospitalización y de alta complejidad. Además, dificulta el monitoreo de enfermedades contagiosas, como tuberculosis, malaria o VIH y sida, ya que muchas personas evitarán acudir a los centros de salud por temor a ser detenidas, lo que facilita la expansión de estas patologías.
Reconocemos el derecho del país a establecer una política de control migratorio, pero exigimos una que sea ética, ordenada y que respete los derechos humanos. Este protocolo es una práctica violenta que contradice la Constitución Dominicana y los tratados internacionales suscritos por el Estado. Criminaliza la pobreza, profundiza la exclusión y expone a mujeres, niñas, niños, personas migrantes, personas racializadas y sin documentación a riesgos mortales, sobre todo en emergencias médicas.
Mujeres embarazadas: víctimas de una doble violencia
Denunciamos con horror casos en los que mujeres gestantes son detenidas o deportadas, separadas violentamente de sus hijos e hijas recién nacidos. ¿Qué sucede con las mujeres en trabajo de parto enviadas y retenidas en centros de detención migratoria? ¿Reciben atención médica a tiempo? ¿Qué pasa con los recién nacidos? ¿Quiénes les protegen? ¿Acaso el Estado consiente el abandono institucional o, peor aún, el tráfico de menores? La maternidad en contextos migratorios no puede ser castigada con tortura psicológica y desaparición forzada de familias.
El gobierno del PRM, liderado por Luis Abinader, ha normalizado la persecución de migrantes. Las redadas, las deportaciones exprés y el abandono de niños y niñas separados de sus madres son una mancha en su gestión.
Demandamos:
Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de todas las personas, especialmente de las mujeres, niñas y los grupos históricamente excluidos, y seguiremos denunciando cualquier política que atente contra su bienestar y su derecho a una vida digna.
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