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La jueza Charlotte N. Sweeney puso en tela de juicio el posible uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a los venezolanos, a pesar de que los abogados del gobierno le aseguraron el lunes que esa norma no se estaba empleando en este caso. Aproximadamente 100 migrantes venezolanos detenidos en Colorado no podrán ser deportados a El Salvador, luego de que una jueza determinó este martes que el gobierno federal no puede expulsar a 2 de ellos sin revisar sus casos o brindarles la oportunidad de una audiencia ante un juez.
La jueza Charlotte N. Sweeney falló a favor de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los dos venezolanos, de 25 y 32 años, quienes no fueron identificados.
El dictamen afecta el plan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos de deportar a El Salvador a casi 100 hombres venezolanos alojados en el centro de detención de la empresa privada GEO en Aurora, al este de Denver.
“Por primera vez en meses podemos respirar aliviados”, dijo Laura Lunn, abogada de la Red de Defensa de los Inmigrantes de las Montañas Rocosas, tras la decisión.
“Nuestra comunidad ha sido atacada de manera desproporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional y ya hemos perdido a demasiados vecinos, padres, parejas y amigos por esta anarquía”, expresó la abogada.
En una audiencia este lunes ante Sweeney, los abogados del gobierno federal argumentaron que una restricción judicial “obstaculizaría la capacidad del gobierno para hacer cumplir las leyes de inmigración”, incluyendo “arrestar, detener y expulsar a extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país y que puedan representar un peligro para la sociedad.”
La jueza desestimó esa postura, resaltando que la ACLU demostró que los migrantes “corren el riesgo de ser deportados, quizás injustamente” y que “sufrirían daños irreparables” si fuesen encarcelados en El Salvador.
Según los documentos judiciales, ambos venezolanos cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos en Texas “hace algunos años”, al igual que lo hicieron unos 40.000 compatriotas suyos de 2022 a 2024, quienes también llegaron a Colorado.
En su orden, la jueza Sweeney prohibió al gobierno federal trasladar a los dos hombres a El Salvador y ordenó que permanecieran en Colorado.
De ser trasladados, ellos y otros venezolanos tendrían derecho a solicitar una revisión judicial y a recibir información legal “en un idioma que entiendan”, es decir, español.
Sweeney también afirmó que la ACLU demostró que sus representados probablemente “sufrirían daños irreparables si no se tomaba una medida cautelar”, por lo que falló a favor de la ACLU “en beneficio del interés público”.
Cuestionó el posible uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a los venezolanos, aunque los abogados del gobierno le dijeron a la jueza el lunes que esa ley no estaba siendo utilizada en este caso.
La abogada Lunn subrayó que la demanda a favor de los venezolanos no busca que queden en libertad o que se les conceda asilo, sino que se garantice su derecho al debido proceso ante un juez.
