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Washington, DC — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y los prolongados periodos de aislamiento a los que se ha sometido a las personas que son presas políticas. El Estado debe tomar medidas urgentes para liberar a estas personas sin condiciones y asegurar su contacto inmediato con sus familiares.
En el 2025, la CIDH sigue de cerca la situación de las personas que son presas políticas. Ha realizado audiencias públicas y ha escuchado los testimonios directos de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de sus familiares. Hasta la fecha, en Venezuela hay 903 personas presas por razones políticas y al menos 64 familias no han recibido una comunicación formal sobre el centro de reclusión en el que se encuentran. En algunos casos, solo han podido saber que sus seres queridos están vivos y su lugar de detención por la información que comparten otras personas privadas de libertad, o porque funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) les llaman para pedirles que lleven medicamentos o que recojan ropa sucia para lavar. Al respecto, la Comisión destaca que el aislamiento coactivo está prohibido por los estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos.
En ocasiones, cuando los familiares se acercan a los centros de reclusión, son maltratados por funcionarios del SEBIN o del personal penitenciario. En particular, las mujeres que intentan visitar a sus parientes son sometidas a tocamientos y requisas invasivas. Además, en determinados casos, el personal penitenciario se niega deliberadamente a permitir visitas o a dar información del estado de salud de las personas privadas de libertad de forma arbitraria. Tal es el caso de Freddy Superlano, Perkins Rocha y Américo de Grazia, quienes son beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH.
El régimen venezolano no solo castiga arbitrariamente a personas opositoras por ejercer legítimamente las libertades de expresión, reunión y asociación, sino que también reprime a sus familiares como forma de castigo. Esto genera temor y angustia en las familias de las personas que son presas políticas.
El contexto en el que se desarrollaron las elecciones del 28 de julio de 2024 derivó en un agravamiento de la crisis política y de derechos humanos que vive Venezuela. El informe “Venezuela: graves violaciones de derechos humanos en el contexto electoral”, publicado en enero pasado, documenta una estrategia represiva del régimen para perpetuarse ilegítimamente en el poder. En el marco de esta estrategia se ejecutaron prácticas de terrorismo de Estado que tuvieron como propósito impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente, y sembrar terror en la ciudadanía.
Uno de los patrones de violaciones de derechos humanos más graves y frecuentes en 2024, documentados en el informe, fue la detención arbitraria y la desaparición forzada de personas opositoras. Entre enero y el 27 de julio, al menos 50 personas opositoras o consideradas como tales fueron detenidas de forma arbitraria, incluyendo a la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. En los días siguientes a la elección del 28 de julio, según informó la Presidencia del régimen, Nicolás Maduro, 2229 personas fueron privadas de libertad en el contexto de las manifestaciones contra la opacidad electoral; entre ellas, 177 niñas y niños, que posteriormente fueron puestos en libertad junto con un número desconocido de adultos.
La Comisión hace suyas las voces de alarma de la sociedad civil venezolana ante la existencia de cientos de personas presas políticas. Según la información recibida, estas personas enfrentan innumerables violaciones a sus garantías judiciales, como acusaciones imprecisas bajo tipos penales ambiguos, la imposición de defensores públicos, la presentación extemporánea ante tribunales en materia de terrorismo y la denegación de acceso al expediente o a una defensa técnica de confianza. Todo ello confirma la absoluta falta de independencia del Poder Judicial y la utilización del Ministerio Público para asegurar los fines del régimen.
El Estado venezolano debe poner en libertad a todas las personas que se encuentran en prisión por motivos políticos, garantizando al mismo tiempo el respeto y la protección de su vida e integridad personal. Es imprescindible que se adopten medidas que permitan verificar su estado de salud y facilitar que puedan ser visitadas por sus familiares y una defensa técnica de confianza. Asimismo, debe tomar medidas urgentes para restablecer la independencia y separación de los poderes públicos, condición esencial para asegurar un sistema de justicia que opere de manera imparcial y autónoma, con plena observancia de los derechos humanos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato proviene de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
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