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Ante las acusaciones sobre supuestas anomalías en la verificación migratoria en hospitales públicos, surge el interrogante: ¿cómo opera este nuevo protocolo?
Desde el pasado lunes 21 de abril, agentes de la Dirección General de Migración (DGM) están presentes en 33 hospitales del país, aplicando nuevas medidas de control para extranjeros. El proceso varía según el área donde el paciente solicita asistencia.
En el área de Consultas, el personal de recepción solicita los documentos del paciente. Si se trata de un extranjero sin identificación, se notifica al personal correspondiente. Después de recibir atención médica, el caso se reporta a seguridad, quienes a su vez contactan a los agentes migratorios.
En Emergencias, el ingreso es libre, pero al momento de salir, los pacientes deben mostrar su documentación. Si no la tienen, seguridad informa a Migración.
Los inspectores y agentes de la DGM revisan si los pacientes:
En caso contrario, los pacientes reciben atención y, una vez recuperados, pueden ser repatriados, según lo dispuesto por el Poder Ejecutivo.
El doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud (SNS), explicó que el procedimiento busca asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario. Por ello, contempla el cobro a extranjeros por medicamentos, insumos y materiales desechables, sin incluir honorarios médicos ni servicios administrativos. El objetivo, dijo, es garantizar una atención justa para todos.
Diversas denuncias han surgido tras el inicio de la medida. En la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, Nancy Martínez, una dominicana con una nieta recién nacida, relató:
“Él tiene una niña y su esposa es extranjera — dice señalando a su hijo — , no quieren que él ni siquiera toque a la niña, y a la niña no se la pueden llevar. Su papá es dominicano, y no nos quieren dar a la niña”.
También consideró que la situación ha llegado a un límite preocupante:
“Es un abuso lo que están haciendo, están montando mujeres casi pariendo en la guagua y se las llevan así, recién paridas, yo no lo veo bien”.
Pedro Pablo Martínez, padre de la bebé, calificó lo sucedido como “un abuso” y aseguró que su esposa y su hija están retenidas desde el día anterior bajo el argumento de que la infante es haitiana.
Asimismo, Carlos Pérez denunció este martes la detención de su esposa, Raquel Almeo, una ciudadana haitiana con residencia legal en el país, a pesar de tener todos sus documentos en regla y estar embarazada de ocho meses. Según Pérez:
“Tiene todos sus papeles al día”, lo que hace incomprensible su detención.
El Colectivo Migración y Derechos Humanos también expresó su preocupación:
“Ver agentes de migración dentro de un hospital público, donde una mujer está por dar a luz, es inaceptable desde cualquier perspectiva ética y legal. Esta no es una política que enfrente la inseguridad, ni que garantice el derecho a la salud de los dominicanos, es una política de miedo y castigo a las personas más vulnerables”.
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El vicealmirante Luis Rafael Ballester, director de la DGM, aclaró que no se activarán operativos de interdicción migratoria dentro de los hospitales, sino que se trabajará conforme a la dinámica operativa del centro de salud, respetando el protocolo de control migratorio.
Aseguró que los agentes actuarán solo después de finalizado el ciclo médico, garantizando el respeto a las normativas nacionales e internacionales y el derecho a la salud, sin importar el estatus migratorio.
“Una vez que sea atendido, en los casos de las emergencias, hospitalización o partos, entonces entrará en acción la evaluación del estatus migratorio y ya el paciente dado de alta y que no represente un riesgo para su salud, será repatriado a su país”, indicó.
El presidente Luis Abinader explicó en La Semanal con la prensa que se establecieron nuevos protocolos hospitalarios, como la identificación obligatoria para atención médica y la repatriación posterior a la recuperación de quienes no estén regularizados.
Además, se dispuso la presencia de personal migratorio desde este 21 de abril en 33 hospitales que concentran el 75% de los partos de mujeres indocumentadas.
Esta disposición forma parte de las 15 medidas anunciadas por el presidente Abinader con el objetivo de ordenar la atención a pacientes extranjeros, asegurar el cumplimiento de las normativas migratorias y garantizar la sostenibilidad del sistema hospitalario nacional.
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