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Amnistía Internacional afirma que las políticas migratorias del presidente Luis Abinader “deshumanizan a la gente”

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Este protocolo requiere que los inmigrantes presenten identificación, carta de empleo y comprobante de domicilio para acceder a servicios médicos en hospitales públicos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.

El nuevo protocolo de salud puesto en marcha por el gobierno de Luis Abinader en República Dominicana ha desatado fuertes críticas por parte de Amnistía Internacional, que lo tacha de medida discriminatoria y violatoria de derechos básicos. Este protocolo requiere que los inmigrantes presenten identificación, carta de empleo y comprobante de domicilio para acceder a servicios médicos en hospitales públicos. Además, estipula que quienes se encuentren en situación migratoria irregular serán deportados después de recibir atención médica.

Amnistía Internacional ha subrayado que estas disposiciones no solo violan el derecho a la salud, sino que también deshumanizan a las personas sin documentos, desalentándolas de buscar atención médica y poniendo vidas en riesgo. “La implementación de un sistema que expone a los migrantes a la deportación tras recibir atención médica no solo vulnera el derecho a la salud, sino que deshumaniza a las personas indocumentadas y probablemente las disuadirá de ir a los hospitales,” declaró Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La organización también resaltó que estas medidas contradicen las obligaciones internacionales asumidas por el Estado dominicano y el principio constitucional de acceso gratuito y universal a la salud. Según Amnistía Internacional, las barreras de acceso a servicios públicos afectan de forma crítica a grupos vulnerables, como la niñez y mujeres embarazadas migrantes, quienes enfrentan estigmatización por ejercer su derecho a la salud.

Desde octubre de 2024, se han llevado a cabo más de 180,000 deportaciones, muchas de ellas colectivas, lo que constituye una práctica prohibida por el derecho internacional. Amnistía Internacional ha emitido una acción urgente para exigir el cese de estas expulsiones y la revocación de las políticas migratorias discriminatorias. “El gobierno debe tomar medidas concretas contra la discriminación racial, asegurar el acceso a protección internacional para las personas necesitadas y garantizar un entorno libre de estigmatización,” agregó Piquer.

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