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(Washington D. C.) – Estados Unidos expulsó masivamente a nacionales de terceros países a Panamá entre el 12 y el 15 de febrero de 2025, denegándoles sus derechos al debido proceso y a solicitar asilo, según señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Tanto Estados Unidos como Panamá mantuvieron a estas personas detenidas en régimen de aislamiento y bajo condiciones deficientes.
El informe de 44 páginas, “‘A nadie le importó, nadie nos escuchó’: Expulsión de ciudadanos de terceros países desde Estados Unidos a Panamá”, documenta la expulsión masiva a Panamá. Expone las duras condiciones de detención y los malos tratos que sufrieron en Estados Unidos, así como la vulneración de sus derechos al debido proceso y a solicitar asilo. También detalla la detención en régimen de aislamiento en Panamá, donde las autoridades retuvieron sus teléfonos, impidieron visitas y los aislaron del mundo exterior.
“Estados Unidos envió a personas esposadas a un país desconocido, sin darles ninguna oportunidad para solicitar asilo”, afirmó Bill Frelick, director de la División de Derechos de Refugiados y Migrantes de Human Rights Watch. “Tanto Estados Unidos como Panamá tienen la obligación de asegurar procesos de asilo justos: nadie debería ser devuelto a la fuerza a un lugar en el que corriera peligro y sin realizar una evaluación completa y justa de su solicitud de refugio”.
Human Rights Watch realizó entrevistas personales con 48 de los 299 nacionales de terceros países (es decir, personas que no son ciudadanas de Estados Unidos ni de Panamá) expulsados desde Estados Unidos a Panamá. Las entrevistas incluyeron a 15 hombres, 32 mujeres y un niño, provenientes de Afganistán, Angola, Camerún, China, Eritrea, Etiopía, Irán, Nepal, Pakistán, Rusia, Somalia, Sri Lanka y Uzbekistán.
Todas estas personas habían cruzado la frontera entre Estados Unidos y México después de la toma de posesión del presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025. Muchas habían huido de persecución debido a su origen étnico, religión, género, orientación sexual, vínculos familiares u opiniones políticas.
El día de la toma de posesión, el presidente Trump dijo que se estaba produciendo una “invasión” de “extranjeros” en la frontera sur y ordenó la prohibición de solicitar asilo a quienes cruzan la frontera de forma irregular, a pesar de que la legislación estadounidense les garantiza el derecho a solicitar asilo a quienes se encuentran en la frontera y en suelo estadounidense, independientemente de su estatus migratorio, señaló Human Rights Watch.
Una mujer iraní de 27 años había huido de su país por temor a ser detenida y perseguida por las autoridades tras convertirse al cristianismo, debido a que los conversos se enfrentan a graves violaciones de derechos humanos e incluso pueden ser condenados con la pena de muerte en Irán. Ella contó a Human Rights Watch que, una vez en Estados Unidos, pidió asilo en repetidas ocasiones: “No entendía por qué no me prestaban atención, hasta que un funcionario de migración me dijo que el presidente Trump había puesto fin al asilo, así que iban a deportarnos”.
Todos los entrevistados por Human Rights Watch intentaron solicitar asilo en Estados Unidos. Muchos de ellos se esforzaron al máximo para comunicar a las autoridades estadounidenses su deseo de solicitar asilo y el temor que tenían a ser devueltos a sus países de origen. A pesar de ello, ninguno fue entrevistado sobre las razones por las que dejaron sus países de origen ni se les preguntó si tenían un temor fundado de regresar.
“Puede que no sea una migrante legal, pero Estados Unidos tiene un sistema legal que yo no vi”, nos dijo una mujer que había huido de China. “Nadie me dijo nada. No me permitieron decir nada”. Había huido de China porque “tenía miedo y sufría” por “el control gubernamental sobre todos los aspectos de la vida”, nos dijo.
El gobierno de Estados Unidos mantuvo detenidas a estas personas en malas condiciones. A menudo, fueron retenidas en habitaciones muy frías, se les impidió contactar a familiares y abogados y se les mintió o no se les dijo lo que les estaba pasando, incluyendo cuando los esposaron, encadenaron y subieron a aviones militares con destino a Panamá.
Una mujer afgana de 21 años que huía de un matrimonio forzado llevaba 10 días detenida en Estados Unidos cuando, una mañana, los oficiales llegaron, dijeron sus nombres y formaron a los detenidos en una fila. “Esa mañana, cuando dijeron mi nombre, me puse muy feliz porque pensé que nos iban a liberar”, nos dijo. Ella y los demás fueron embarcados en aviones militares estadounidenses. No tenían idea de adónde los llevaban. Se dieron cuenta de que estaban en Panamá después de aterrizar.
En Panamá, las autoridades los mantuvieron en condiciones equivalentes a una detención en régimen de aislamiento: primero, en un hotel en Ciudad de Panamá y, después de una semana, en una estación de recepción migratoria (ERM) en la provincia de Darién, frontera con Colombia. Les retuvieron sus teléfonos, les impidieron las visitas y se esforzaron para evitar que tuvieran contacto con el mundo exterior.
A principios de marzo fueron liberados, después de que las autoridades panameñas les expidieron un “permiso temporal humanitario” de 30 días, prorrogables hasta 90, y les dijeron que debían aprovechar ese tiempo para gestionar su traslado, ya fuera regresando a sus países de origen o yéndose a otro país. En abril, las autoridades panameñas prorrogaron los permisos por 60 días adicionales.
De los 299 expulsados a Panamá, 180 retornaron a sus países de origen, con el patrocinio del programa de “retorno voluntario asistido” de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Las condiciones de detención y las limitadas opciones que les ofrecieron a estas personas generan serias dudas sobre la voluntariedad de los retornos.
Un hombre gay ruso de 28 años, que huyó de la persecución debido a su orientación sexual, dijo a Human Rights Watch que habló varias veces con funcionarios de la OIM. “Les dije que, si regresaba, estaba 100% [seguro de que] me arrestarían. (…) Me dijeron: ‘No tienes otra opción que regresar a tu país’. Me seguían ignorando”.
Estados Unidos debe poner fin a la expulsión o al traslado forzado de personas a terceros países. Debería permitir que las personas expulsadas injustamente regresen y soliciten asilo de acuerdo con sus obligaciones internacionales. Estados Unidos debe cesar la violación del principio de no devolución (es decir, no devolver a las personas a países en los que puedan enfrentar persecución) y tramitar las solicitudes de asilo en su frontera, en lugar de externalizar esta responsabilidad a países con una capacidad limitada para evaluar las solicitudes o proporcionar protección.
Panamá debe dejar de aceptar a nacionales de terceros países procedentes de Estados Unidos. En caso de reanudar los traslados, debe garantizar que solo se realicen bajo un acuerdo formal que asegure la estricta observancia de las garantías procesales y el cumplimiento del derecho internacional, incluyendo procedimientos completos y justos para solicitar asilo, así como el respeto absoluto al principio de no devolución. Panamá debe asegurar que las personas que ya ha aceptado acoger puedan acceder a procedimientos completos y justos para solicitar asilo.
“La expulsión de estos solicitantes de asilo desde Estados Unidos fue injusta y se deben tomar medidas para rectificar el maltrato que sufrieron a manos del gobierno estadounidense. Pero ahora Panamá tiene la responsabilidad de protegerlos”, dijo Frelick. “Esa protección empieza por asegurarles un proceso completo y justo de evaluación de sus solicitudes de para obtener el estatus de refugiado”.
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