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Nueva York – El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció una nueva guía para determinar la elegibilidad al programa SNAP (Asistencia Nutricional Suplementaria), implicando un refuerzo en los procesos de verificación.
A través de un comunicado, la secretaria de USDA, Brooke L. Rollins, y el subsecretario adjunto interino de Alimentación, Nutrición y Servicios al Consumidor, y oficial judicial de USDA, John Walk, notificaron que las instrucciones se aplican a todas las agencias estatales.
Las nuevas reglas buscan mejorar las prácticas de verificación de identidad y estatus migratorio al momento de establecer la elegibilidad al programa de asistencia alimentaria.
Solo ciudadanos estadounidenses y ciertos extranjeros con residencia legal pueden recibir los beneficios de SNAP. SNAP no está disponible, ni lo ha estado, para indocumentados. Unos 41 millones de estadounidenses reciben fondos para alimentos a través del programa.
Sin embargo, la Administración Trump entiende que se deben fortalecer los sistemas de verificación de elegibilidad “en la mayor medida posible” para asegurar que el dinero de los contribuyentes utilizado para el programa excluya a extranjeros sin documentación legal.
La guía responde a la orden ejecutiva 14218, titulada “Poniendo fin a la subvención de los contribuyentes a las fronteras abiertas”, que firmó Trump el 19 de febrero.
En respuesta a lo anterior, el 25 de febrero, Rollins instruyó al personal de USDA y del Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) a revisar cómo se estaban administrando los beneficios SNAP para hacer los cambios necesarios en línea con la orden ejecutiva.
“El presidente Trump ha dejado claro que los contribuyentes estadounidenses ya no estarán subsidiando a inmigrantes indocumentados”, dijo la secretaria de USDA. “Somos administradores del dinero de los contribuyentes, y es nuestro deber asegurarnos que los estados confirmen la identidad y verifiquen el estatus migratorio de los solicitantes de SNAP”, añadió.
“Los programas de nutrición del USDA están diseñados para apoyar a los estadounidenses más vulnerables. Es indignante permitir que quienes infringieron nuestras leyes al entrar ilegalmente a Estados Unidos reciban estos beneficios”, planteó la funcionaria.
Las nuevas guías establecen que, como mínimo, las agencias estatales deben verificar la identidad de los solicitantes y deben hacerlo antes de proceder a confirmar el estatus migratorio. Los empleados también deben recolectar y verificar los números de Seguro Social de todos los miembros de las familias que estén aplicando al programa. Adicionalmente, deben comparar los números de Seguro Social con los contenidos en el “Archivo Maestro de Defunción”, y también usar cualquier información disponible para confirmar que los números pertenecen a las personas que los presentan como propios.
Según las nuevas instrucciones, es requerido consultar el Sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para los Derechos (SAVE) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para todos los solicitantes extranjeros y completar todos los pasos de verificación adicionales solicitados por SAVE antes de determinar que la persona cumple con los requisitos de estatus calificado. El personal de USDA en los estados además debe recopilar los documentos de inmigración destinados a demostrar el estado de calificación durante el proceso de solicitud inicial en lugar de esperar por SAVE.
El documento de USDA señala que el Gobierno teme por la integridad del programa, ya que, en 2024, se registraron unos $10,500 millones en pagos impropios de SNAP en el año fiscal precedente, cifra que equivale a un 11.7%.
El resumen del reporte del GAO (Oficina de Rendición de Cuentas) señala que se trató de pagos con montos incorrectos o que no deberían haberse realizado.
En el año fiscal 2023, los estados realizaron pagos indebidos relacionados con SNAP, principalmente, porque no verificaron la elegibilidad de los beneficiarios, detalla el informe.
Lo anterior respondió a que los estados no siempre examinaban ciertos requisitos de elegibilidad como ciudadanía o residencia legal permanente; nivel educativo o situación de matrícula del estudiante beneficiario; y situación laboral del beneficiario, entre otros.
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