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La instrucción, fechada el viernes 25 de abril de 2025, establece que los fiscales a nivel nacional deben priorizar las investigaciones donde haya información de inteligencia o pruebas de que funcionarios públicos e integrantes de instituciones militares y policiales pertenezcan a organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.
También se enfoca en los casos donde esos servidores públicos “recurran a la extorsión, acepten sobornos, cualquier regalo o beneficio a cambio de facilitar este crimen”. “En estos casos, se deberá pedir la suspensión inmediata de sus funciones de los involucrados, a través de los organismos competentes”, señala la instrucción.
Al investigar este delito tipificado en la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y sus modificaciones, y castigado por convenciones internacionales de las que el país es firmante, los representantes del Ministerio Público de las unidades especializadas y las diferentes demarcaciones deberán “Solicitar y ejecutar inmovilizaciones de cuentas, bienes inmuebles, vehículos y todo activo relacionado con las acciones ilícitas de las personas o estructuras dedicadas al tráfico ilícito de migrantes”.
La instrucción, que busca fortalecer la política del Ministerio Público en la materia, también ordena gestionar el secuestro legal inmediato, para su posterior decomiso, de los vehículos propiedad de individuos o empresas que hayan sido utilizados como medio de transporte para traficar migrantes, en los casos en que el fiscal a cargo de la investigación pueda vincularlos objetivamente al proceso.
El Ministerio Público recordó en un comunicado que el tráfico ilícito de migrantes es una de las formas más complejas y lucrativas de la criminalidad organizada transnacional. “Su dinámica implica no solo el cruce irregular de fronteras, sino también la articulación de redes delictivas que operan con altos niveles de planificación, logística y corrupción”.
Indica que esta actividad delictiva debilita los sistemas de control migratorio y de seguridad del Estado, por lo que requiere del fortalecimiento de la respuesta interinstitucional especializada, coordinada y dotada de capacidades operativas, jurídicas, técnicas y tecnológicas, en coherencia con la Constitución y para resguardar la seguridad y defensa nacional.
Señala que la creación de esta unidad de Investigación Especial, creada por el Consejo Superior del Ministerio Público, tiene como objetivo principal desmantelar las estructuras criminales organizadas que lavan activos facilitando la entrada ilegal de migrantes al territorio dominicano.
La misma estará bajo la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), liderada por la procuradora de Corte Yoanna Bejarán.
El Ministerio Público indica que la unidad de élite estará conformada por miembros de las diferentes agencias de inteligencia, seguridad y defensa del Estado, con competencia nacional, seleccionados por el Ministerio Público siguiendo estándares internacionales de agencias de investigación modelo.
La unidad contará con recursos y tecnología de última generación, un completo programa de formación en investigación compleja, incentivos especiales y evaluaciones periódicas para asegurar su idoneidad ética y técnica.
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