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Originario de El Ejido (Almería), estudió periodismo en Málaga y trabajó en Cope y La Opinión de Málaga. En Madrid, hizo un máster en periodismo internacional. Inquieto por naturaleza, siente interés por la geopolítica, la exploración, la aventura y el conflicto de Israel y Palestina. Realizó los cursos de periodismo de viajes de El País y de televisión de Atresmedia.
En la mañana de este martes 29 de abril, aún no se sabe con certeza qué causó el apagón masivo en España el lunes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló la desaparición repentina de 15 gigavatios de la red eléctrica española durante cinco segundos, a las 12:33 horas del lunes, un fenómeno que “no ha ocurrido jamás”. Las investigaciones siguen su curso para determinar por qué ocurrió la pérdida de esa energía, que representa el 60% del suministro total de España.
Francia y Marruecos colaboraron en el restablecimiento del suministro en España, por ello, el norte y el sur de la península fueron las primeras zonas en recuperar la electricidad. Según el ministro francés de Industria y Energía, Marc Ferracci, un apagón como el de ayer es “mucho más improbable” en Francia porque su país cuenta con “fenómenos y mecanismos” que los protegen de “ese tipo de problemas”. “En Francia tenemos una matriz energética basada en la energía nuclear, que es una energía controlable, y también en energías renovables”, señaló Ferracci.
El apagón reabre el debate sobre la energía nuclear en España, cuyas centrales tienen previsto cerrar gradualmente antes de 2035, según un acuerdo entre el Gobierno y las compañías eléctricas. ¿Necesitamos la energía nuclear, una fuente que supone el 20% de la producción eléctrica neta en España, a pesar de sus riesgos? El operador de reactor y supervisor, y divulgador de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Alfredo García, tiene claro que, tras lo sucedido este lunes, “cerrar las centrales nucleares es un suicidio energético”.
“La falta de generación síncrona — con la mitad de la potencia nuclear parada por precios bajos e impuestos abusivos, sin apenas ciclos e hidroeléctricas — ha dificultado estabilizar la red y evitar el apagón”, explica el experto. La generación síncrona es la que proviene de un alternador que convierte la energía mecánica en eléctrica. “La generación síncrona aporta inercia y capacidad de respuesta instantánea frente a perturbaciones. Con más generación síncrona en servicio, la red habría tenido más resistencia frente al fallo inicial y habría sido mucho más probable contener el desequilibrio sin que se produjera el colapso”, señala en su cuenta de X.
Según explicó a El País el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, la energía nuclear de España “es la tecnología que más estabilidad ofrece a la red” del país “al estar disponible prácticamente las 24 horas los 365 días del año”. “El desarrollo de las renovables, muy necesarias pero intermitentes, no quita que el sistema requiera de una potencia firme no emisora de CO₂ como la nuclear”, señalaba el experto.
Por otro lado, José Luis Navarro Ribera, expresidente de Enresa, empresa pública que gestiona los residuos radiactivos, considera que la energía nuclear “ha sido imprescindible en España y lo es hoy”. El problema, dice, reside en el rechazo que tienen las comunidades a pagar por la gestión de los residuos radiactivos.
“En el debate nuclear no se suele profundizar en el problema de los residuos radiactivos y el combustible nuclear gastado. Se dice con razón que, pese a que mantienen su peligrosidad durante miles de años, se pueden gestionar de forma segura, pero se omiten los aspectos socioeconómicos. En España, ninguna comunidad admite instalar en su territorio un almacén temporal centralizado para el combustible nuclear gastado, ni siquiera las que defienden mantener sus centrales. Es la vieja contradicción: sí a las ventajas, no a los inconvenientes”, señala el expresidente de Enresa.
Navarro Ribera critica que las comunidades “asumen con normalidad el importante incremento del combustible fresco”, pero que “exigen que se congelen los costes de gestionar sus residuos”. Es decir, la gestión de los residuos radiactivos implica un coste que muchas autonomías no están dispuestas a asumir, porque, entre otras razones, ese pago se extiende por años, lo que tarda en degradarse el combustible nuclear gastado.
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